13 de Agosto
APRODEH apela ante la Sala Penal Nacional por Caso Huanta
 
 

Existen indicios suficientes para abrir proceso a mandos militares por desapariciones y ejecuciones en Ayacucho

 
 

El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Yuber Alarcón, sustentó el recurso de apelación respecto a la resolución emitida por el Juez de Derechos Humanos, Omar Pimentel, en la que dispuso no abrir proceso penal contra Adrián Huamán Centeno, Alberto Rivero Valdeavellano y Augusto Gavilondo García Del Barco por ser coautores de los delitos de asesinato, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en la ciudad ayacuchana de Huanta en 1984.

“Hemos apelado dicha resolución emitida en noviembre del año pasado, sustentado de que existen indicios y elementos de prueba que acreditan la comisión de los delitos, así como de la presunta responsabilidad penal de estos mandos militares”, explicó Alarcón.

Los magistrados deberán analizar este pedido y someterlo a votación, en un plazo de veinte días, y emitir una resolución. “Creemos que dicha resolución va a ser favorable y revocará la decisión inicial del juez Pimentel, además de disponer que se aperture instrucción contra estos mandos militares, ya que existen indicios más que suficientes para abrir proceso contra ellos”, añadió.

“Huamán Centeno era jefe politico militar en Ayacucho y tenía también a su cargo algunas provincias de Huancavelica y Andahuaylas, en consecuencia tenía pleno conocimiento de lo que acontecía dentro de la zona que estaba bajo su mando, de los operativos,  desplazamientos y acciones de detención y desaparición de personas que ocurrieron en el estadio de Huanta, así como Rivero Valdeavellano que era jefe político militar de Huanta durante julio y agosto de 1984, según declaraciones de militares que estuvieron en la zona en esa fecha, quienes también declararon que Centeno, Rivero y Gavilondo sabían lo que ocurría antes, durante y después de los hechos”, finalizó .

Datos:

  • Adrián Huamán Centeno, Alberto Rivero Valdeavellano y Augusto Gavilondo García Del Barco se encuentran actualmente en condición de retiro.
  • Las penas por desaparición forzada son no menores de 15 años y de asesinato y ejecución extrajudicial son penas mayores a 25 años de cárcel. La gravedad de éstas amerita, una vez aperturada la instrucción, el mandato de detención para garantizar la presencia  de los acusados y asegurar el proceso.
  • La investigación señala 06 asesinados y 17 desapariciones forzadas en el Estadio de Huanta, 50 asesinatos en la zona de Pucallacu donde existen fosas comunes, sin embargo el informe Final de la Comisión de la Verdad establece que el número de muertes y desapariciones sería mayor, ya que precisamente el año 1984 se cometieron la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos en nuestro país.