Frente a los últimos acontecimientos producidos en diversos lugares del país, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) se dirige a la opinión pública para señalar lo siguiente:
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En las últimas semanas, se ha apreciado en muchas regiones del país una fuerte movilización social, que tiene como fondo común el descontento de millones de peruanos debido a problemas estructurales, como la exclusión y la pobreza, que no han disminuido, sino que más bien se han evidenciado, por el crecimiento económico sostenido.
- Aunque el gobierno del Presidente Alan García tiene menos de doce meses, resulta evidente que ha continuado el modelo económico de sus antecesores Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, priorizando generar estabilidad para los grupos de poder económico y haciendo muy poco para promover un empleo digno, asegurar la atención de salud gratuita para todos los ciudadanos o promover el respeto del medio ambiente.
- Frente al creciente rechazo de la población, la alternativa del régimen es recurrir a mayor autoritarismo, como se ha apreciado en la aprobación de las enmiendas al TLC y la Ley sobre la Carrera Magisterial, en las cuales no ha existido ningún intento por establecer consensos mínimos con quienes se sienten afectados. Estas actitudes poco democráticas generan mayor descontento y dan más espacio a los grupos más radicales.
- El pasado jueves 12 de julio, decenas de integrantes del SUTEP fueron detenidos de manera arbitraria en San Isidro, Miraflores y otros lugares, sin que hubiera orden de detención ni delito flagrante. Muchos de ellos fueron brutalmente golpeados y en la comisaría de San Isidro se les impidió ver a sus abogados por varias horas. En las puertas de ese lugar fueron detenidos violentamente también los dirigentes Luis Muñoz y Nilbert López, quienes simplemente habían acudido a indagar sobre los demás profesores.
- Resulta evidente que las detenciones realizadas el 12 de julio tenían por finalidad amedrentar a los profesores. Ni siquiera la presencia de los congresistas María Sumire y Juana Huancahuari en la Comisaría de San Isidro logró que los profesores detenidos tuvieran las garantías necesarias o se permitiera el ingreso a los abogados. Solo cuando la Defensoría del Pueblo se hizo presente, los abogados pudieron ingresar. Sin embargo, el papel del representante del Ministerio Público fue lamentable, porque avaló con su presencia todas las arbitrariedades cometidas.
- En días sucesivos, otras organizaciones sociales como la CGTP han sido impedidas de realizar manifestaciones públicas sin ninguna de las justificaciones que señala la Constitución. APRODEH señala que las garantías constitucionales no se encuentran suspendidas, ni existe Estado de Emergencia, por lo que todas las restricciones de derechos que se vienen llevando a cabo son totalmente ilegales.
- Las movilizaciones populares no deben enfrentarse con una estrategia meramente represiva, sino promoviendo medidas estructurales que contribuyan a que la mayoría de peruanos sienta que efectivamente son tratados como ciudadanos.
- APRODEH exhorta a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas a evitar acciones que generen daños irreparables. En lo que va del gobierno actual, al menos ocho personas han fallecido por el uso de la fuerza hacia la población.
- APRODEH finalmente hace un llamado a las autoridades y a las organizaciones sociales para buscar soluciones mediante el diálogo y no por la vía de la confrontación.
Lima, 18 de julio de 2007 |