La Red Muqui reflexionará este viernes 30 sobre el proyecto de ley 1770 mediante el cual las tierras de las comunidades podrán ser vendidas por el Estado. “Esto no solo implicaría que las comunidades pierdan sus propiedades, sino un retroceso histórico como no se ha dado desde la época de Simón Bolívar, hace 180 años”, afirmó Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

La población andina y amazónica se encuentra muy preocupada ante esta fuerte amenaza a su derecho de propiedad, agregó Ardito. “El temor se agrava si consideramos que quienes adquirirían estas tierras serían empresarios mineros y petroleros, no agrícolas, ya que en una subasta pública es casi imposible que un campesino pueda pagar más”, señaló. 

“Es lamentable que el propio presidente García de forma muy despectiva diga que los campesinos y los nativos son algo así como los perros del hortelano que bloquean la inversión privada en el Perú. Lo que habría que señalar es que esta población tiene sus propias prácticas de actividad económica, absolutamente válidas y que el gobierno en lugar de brindarles apoyo, como hacen otros países europeos que incluso subsidian agricultores, les genera inseguridad. En esas condiciones, cómo no van a existir conflictos mineros, si las personas sienten que pueden perder todo lo que tienen”, sostuvo.

Para Ardito, la actividad minera como la petrolera no deben ser condenadas en sí mismas. Lo que sí resulta condenable, además de preocupante, son las maneras como estas se ejercen en algunos casos, sumado a la parcialidad de ciertos sectores de la prensa. “El lunes pasado apareció en primera plana del diario Correo de Piura la referencia a una ‘conspiración’ de la Red Muqui, calificada además de grupo antisistema, lo que constituye una afirmación muy agresiva e injusta hacia una red que vela por los derechos de la población y de la cual forma parte APRODEH”, precisó.

El representante de APRODEH expresó además la preocupación del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) que en su reciente informe hace referencia a la importancia del ejercicio de los derechos de la población para escuchar y tomar decisiones. Al respecto, añadió Ardito, “es lamentable que estos conflictos se desarrollen por una errónea política estatal, porque, en realidad, más que responsabilizar a las propias empresas mineras, responsabilizamos al Estado por no ejercer un adecuado control en la materia”.

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