El caso de la muerte del menor John Acosta Meneses, de 12 años de edad, por disparos de bala efectuados por efectivos policiales durante un desalojo en la ciudad de Pucallpa el pasado jueves 10 de enero, merece una profunda investigación que determine los responsables y evite que este hecho quede impune, exigió la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH.

Este hecho, que ha provocado la primera muerte en lo que va del año por excesos policiales, reviste suma gravedad, más aún cuando la madre del niño, Simit Meneses ha declarado que el disparo que acabó con la vida de su hijo habría sido hecho a quemarropa. Por ello, anunció que formulará denuncia penal contra el jefe del operativo policial.

En opinión de Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH, la muerte del menor John Acosta, vuelve a poner sobre el tapete la vigencia del Decreto Legislativo Nº 982, por lo cual los policías que maten civiles con sus armas de reglamento serían inimputables. “Nos preocupa que este caso quede impune como ha ocurrido de por lo menos 10 personas víctimas de excesos policiales en el uso de sus armas de reglamento, en diversas regiones del país como Cusco, Apurímac, Ancash, Puno, Huancavelica y Lima”, remarcó Ardito Vega.

Hechos como los que han acaban de suceder en Pucallpa merecen una exhaustiva investigación para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Nada justifica la muerte de un niño de 12 años, que se suma a la de Jonathan Condori (17), Marvin Gonzales (19) e Imel Huayta (08), ocurridas entre el 2006 y 2007.

Cabe mencionar que diversas organizaciones sociales, conjuntamente con APRODEH, vienen impulsando una campaña de recolección de firmas para presentar una Acción de Inconstitucionalidad contra el mencionado decreto legislativo y otros tres más por considerarlos atentatorios contra los derechos fundamentales de las personas.

 Lima, 11 de enero de 2007