Con el fin de que se aceleren los trámites de inconstitucionalidad contra los DL 982, 983, 988 y 989 que criminalizan la protesta social y violan seriamente los derechos humanos, esta mañana, representantes de APRODEH y de las más importantes organizaciones campesinas, indígenas y gremiales nacionales se entrevistaron con el vocal del Tribunal Constitucional, doctor Fernando Calle.
Para el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, lo destacable de la reunión de hoy en el Tribunal Constitucional (TC), es que por primera vez se produce una reunión entre un miembro del TC y representantes de las organizaciones sociales centrales que han presentado la acción de inconstitucionalidad.
Al doctor Fernando Calle se le dio a conocer que las 5 mil 393 firmas solicitando la inconstitucionalidad de estos decretos, han sido recogidas por los principales gremios nacionales quienes se ven afectados por estas normas inconstitucionales. En este sentido, aceptó reunirse con los dirigentes Mario Palacios (CONACAMI), Miguel Palacín (CAOI), Antolín Huascar (CNA), Roberto López (CCP) y Olmedo Auris (CGTP) lo que significa un paso importante para que esta solicitud se resuelva de una vez.
“El doctor Calle ha señalado que en 15 días se podría estar dando la admisión. No ha sido un ofrecimiento, pero creemos que es un plazo razonable para admitir la solicitud, así como de los plazos de ley” agregó Jugo.
Por otro lado, el dirigente de la CGTP, Olmedo Auris, saludó la reunión con el miembro del Tribunal Constitucional. “El doctor Calle nos señaló que todavía no se da admisión por su recargada carga procesal. Sin embargo, nosotros hemos sido claros y enfáticos que mientras el Tribunal no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de estos decretos, estos continuarán ejerciéndose en desmedro de nuestras organizaciones, las cuales tienen derecho a expresarse, a protestar”, señaló el dirigente sindical.
Como se recuerda, el 22 de julio de 2007, el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le otorgó el Congreso para abordar el problema de la inseguridad ciudadana, aprobó los Decretos Legislativos 982, 983, 988, 989, excediendo las facultades que le otorgó el Congreso. Estos Decretos Legislativos sobrepenalizan y convierten en ilegales las acciones de protesta social.
La acción de inconstitucionalidad presentada ante el TC sustenta por qué estos decretos vulneran los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, reunión, el derecho a huelga y el derecho a la protección judicial.
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