Un 14 de marzo de 1991, en el lejano poblado de Chuschi, en la provincia de Cangallo, Ayacucho, miembros de una patrulla combinada del ejército y la policía, ingresaron a la casa del alcalde y de otros comuneros, entre ellos, un menor de edad, los detuvieron, los llevaron a una base militar y nunca más se volvió a saber de ellos. 17 años después de ocurridos estos hechos, el caso Chuschi se ha convertido en un caso emblemático de la lucha contra la impunidad, pues varios de los autores de estos crímenes fueron juzgados y castigados en una de las pocas sentencias en que se sanciona un delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas.
Conocidos los hechos, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, asumió el compromiso de acompañar durante 15 largos años el proceso penal a los familiares del alcalde de Chuschi, Manuel Pacotaype Chaupín, así como del secretario municipal Martín Cayllahua Galindo; del teniente gobernador Marcelo Cabana Tucno, así como del comunero, Isaías Huamán Vilca, el menor de edad, en la búsqueda de justicia.
Y tras un largo batallar se logró que el caso sea llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, recomendara su investigación y que finalmente se judicializara. Gracias a ello, la justicia pudo ver recién la luz, cuando el 5 de febrero del año pasado, la Sala Penal Nacional condenó a 14 años al Teniente del Ejército Collins Collantes Guerra, y a 6 años al Alférez de la Policía Nacional, Luis Juárez Aspiro, sindicados como los responsables materiales de estos crímenes. Asimismo, en noviembre pasado, la Corte Suprema no solo ratificó la sentencia sino que contempló formas integrales de reparación a las víctimas, hecho que constituye un importante precedente judicial.
Por lo tanto, la sentencia y la ratificación de las penas en este caso, contienen aportes fundamentales no solo en materia jurídica en la lucha contra la impunidad, sino también en la tipificación como delito permanente la desaparición forzada de personas. Justamente, las dimensiones de este caso se abordan ampliamente en el libro “Chuschi: dieciséis años de lucha hasta alcanzar justicia”, que acaba de publicar APRODEH.
Por ello, al cumplirse un nuevo aniversario del Caso Chuschi, no solo hay que recordarlo sino valorarlo en lo que significa en la lucha por el respeto y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Quedan aún tareas pendientes, como lograr que el brazo de la justicia alcance también a los mandos militares, que aún se encuentran en proceso como el general Hugo Martínez Aloja, ex jefe político militar de Ayacucho; además, de lograr la ubicación de los restos de los desaparecidos, una responsabilidad a la que el Estado no puede dar la espalda
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