Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), solicitó a la Sala Penal Nacional se sancione a los responsables de las desapariciones cometidas el 25 de julio de 1986 en la localidad ayacuchana de Matero, entre ellos, el Mayor PIP Javier Culquicóndor Díaz, el Capitán PIP Hugo Sartor Espinoza, el Teniente Coronel E.P. Carlos Armando Bardales Angulo, el Mayor PNP Teodoro Maraví Gómez y el Teniente Marino Nemesio Ambía Vivanco. La denuncia fue formulada por delito contra la libertad individual (secuestro) y contra la humanidad (desaparición forzada).
Como se recuerda, en 1986 miembros del Ejército, encabezados por el teniente Marino Nemesio Ambía Vivanco, conocido como "Rubén" o “Robin”, detuvieron ilegalmente y en forma violenta a pobladores de la comunidad de Matero, trasladándolos a la base militar de Cangallo. Luego de torturarlos, los desaparecieron.
“Pese a que Ambía Vivanco niega los hechos, señalando que no se encontraba en Cangallo sino en un puesto temporal de Tocto, declaraciones de diversos miembros policiales y militares, así como documentos –entre ellos el informe de eficiencia de Ambía y oficios de su base militar– mostraron claramente que el acusado estuvo de servicio entre el 1 enero al 31 de diciembre de 1986 en Cangallo. En tal sentido, el alegato presentado refiere que las pruebas presentadas corroboran que el acusado Ambía, conocido como “Rubén” o “Robin”, fue jefe de la patrulla que realizó las detenciones en Matero”, señaló Cano.
A estas pruebas se suman que, en una audiencia pasada, los familiares identificaron a los acusados, en forma transparente y objetiva, como los responsables de los hechos aún a pesar del tiempo transcurrido.
El hermano de uno de los desaparecidos, Favio Quispe Pillaca, señaló que veintidós años después de los hechos, la posibilidad de lograr justicia está más cerca. Favio tenía solo 15 años cuando su hermano Seferino Quispe Pillaca desapareció. Desde entonces, Favio tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores ya que su madre, la señora Agripina Pillaca, pasaba varias horas del día buscando a su hijo desaparecido. “En todos estos años ha habido mucho sufrimiento para nuestras familias. Por eso ahora queremos que haya justicia. Queremos saber cómo y por qué los mataron y también queremos recuperar los cuerpos para llevarlos a un cementerio”, sostuvo Favio Quispe.
La abogada agregó que se ha solicitado, como forma de reparación, continuar la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, así como se indemnice a los deudos de acuerdo al daño sufrido. “La justicia no puede limitarse solo a la sanción de los responsables, debe ocuparse además en responder a la demanda de los familiares sobre el paradero de sus seres queridos, ya que permanecen en calidad de desaparecidos desde hace veintidós años. Esperamos que esta vez la respuesta de las autoridades haga eco de las demandas de justicia y reparación que durante más de dos décadas exigen los deudos”, puntualizó.
Datos:
- El 25 de julio de 1986, decenas de miembros del Ejército, encabezados por el Teniente Marino Ambía Vivanco, alias "Rubén", regresaban de la comunidad ayacuchana de Putica donde habían realizado una batida para capturar a presuntos subversivos. Al llegar a Matero, ingresaron de manera violenta a casa de Seferino Quispe Pillaca. Lo detuvieron, lo trasladaron a la Plaza de Armas y luego lo condujeron a la Base Militar de Cangallo. Posteriormente detuvieron a la señora Francisca Janampa Pillaca y a sus dos pequeños hijos. Tras ser interrogada sobre el paradero de su esposo, Albino Quino Sulca, y pasar una noche recluida, el Teniente “Rubén” liberó a Francisca con la condición de que Melchor Tineo Pérez, Martín Escriba Pillaca y su esposo, se presentaran al Cuartel. Tras conocer este requerimiento y solicitar ante las autoridades garantías para sus vidas, Quino Sulca, Tineo Pérez y Escriba Pillaca se presentaron al Cuartel exigiendo además la libertad de Severino Quispe Pillaca. En ese momento se realizó una batida que culminó con la detención y posterior desaparición de los tres.
- Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió informe de fondo sobre este caso, otorgándole responsabilidad al Estado peruano en la detención y desaparición de los comuneros de Matero.
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