La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, pide suspender las negociaciones de los acuerdos de asociación entre CAN-UE hasta que las autoridades europeas modifiquen y/o dejen sin efecto la Directiva sobre “procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio” llamada también Ley de Retorno, por ser una norma que viola los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes ilegales que viven en Europa y por expresar una trato discriminatorio.

APRODEH, como parte de la RED Globalización con Equidad, señala que esta directiva “es una amenaza a los derechos fundamentales de más de 8 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Europa, de los cuales 290 mil son peruanos” y que esta norma “da la espalda a los compromisos ratificados en la declaración de Lima realizada en la V cumbre CAN-UE en la que acordaron dialogar y atender conjuntamente los temas referidos a la política migratoria”.

Esta directiva a su vez busca criminalizar la inmigración ilegal, pues la convierte en delito, y penaliza problemas relacionados más con un ámbito administrativo que delincuencial.

En este sentido, y como parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, señalamos que esta directiva es violatoria a los derechos fundamentales pues: “Autoriza plazos de detención que pueden llegar hasta 18 meses; impone un doble castigo a los inmigrantes afectados, pues, además de la privación de libertad y tras su expulsión, prohíbe el regreso al territorio europeo durante 5 años; habilita la detención de menores no acompañados que son ingresados en los mismos centros con expulsión sin garantía de reagrupamiento familiar; permite que se realicen expulsiones a países terceros y no al país de origen”.

Esta directiva además puede ser considerada como una norma discriminatoria ya que contraviene los señalado por la Convención Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial, según la cual la discriminación racial “denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Esta misma convención señala que “los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce del derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia” y reconoce “el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.

Asimismo, cabe señalar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que considera a su vez a la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece la prohibición de discriminación y garantiza el goce de los derechos y libertades reconocidos por la Convenio “sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, originen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.

APRODEH se une a todas las organizaciones y personas que tanto en América Latina como en Europa vienen exigiendo la derogatoria de esta norma injusta y discriminatoria y espera que los países integrantes de la Unión Europea sean coherentes con sus tradiciones democráticas.