La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su respaldo a la promulgación de la Ley 29261, que deroga los cuestionados Decretos Legislativos 1015 y 1073. Dichas normas atentaban contra los intereses de las comunidades nativas amazónicas al flexibilizar la disolución y venta de sus tierras.

“Ninguna otra persona jurídica podía disolverse tan fácilmente, lo cual revela que estas normas no se habían promulgado para beneficiar a los indígenas, sino a empresas petroleras o madereras. De no haberse producido el mes pasado una masiva movilización de los indígenas amazónicos, estos Decretos todavía estarían vigentes”, señaló Wilfredo Ardito, responsable de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de APRODEH.

“Se trata de la primera vez en la historia del Perú que el Congreso de la República aprueba una norma que refleja los intereses de la población amazónica. Sin embargo –añadió– la norma también constituye una salvaguarda para evitar que las comunidades campesinas de la región andina puedan perder sus tierras, mediante las presiones de empresas mineras”.

Para Ardito, resulta preocupante que continúe vigente el Decreto Legislativo 1064, en cuanto dispone la “servidumbre minera”, es decir, que se puede obligar al propietario de un predio a cederlo a una empresa minera y aceptar el precio que las autoridades dispongan. “Este Decreto Legislativo abre la puerta para innumerables conflictos sociales”, precisó.

APRODEH expresa, asimismo, su preocupación por la investigación que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI, viene realizando hacia AIDESEP, en lo que evidentemente se trata de una acción intimidatoria por el rol importante que ha tenido AIDESEP liderando las movilizaciones indígenas.

“Resulta contradictorio que se invite a AIDESEP a dialogar, mientras se le somete a un arbitrario proceso de investigación”, refirió Ardito. Señaló que, como ocurrió con APRODEH y el IDL, las investigaciones que realiza la APCI tienen una sospechosa semejanza con una represalia administrativa hacia las instituciones cuya defensa de los derechos fundamentales resulta incómoda para el régimen.