Ayer en Ayacucho no se llevó a cabo la audiencia que daba inicio al juicio oral por la desaparición de Constantino Saavedra en 1990, debido a la ausencia de los acusados, los cuales piden que se realice en Lima. Para los familiares de la víctima el traslado semanal a Lima a fin de asistir a las audiencias sería imposible dadas sus precarias condiciones económicas.
Como se recuerda, el 1 de octubre de 1990, Constantino Saavedra Muñoz, ex-teniente alcalde del distrito de Quinua, provincia de Huamanga, fue interceptado por miembros del Ejército, junto a los señores Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta, para ser llevados al Cuartel “Los Cabitos”. Estos últimos fueron liberados al día siguiente, pero de Constantino Saavedra nunca se volvió a saber.
Según la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano, ayer en Huamanga, Ayacucho, la audiencia no se realizó porque los acusados no llegaron, y solo Petronio Fernández Dávila Carnero presentó un certificado médico señalando que no podía viajar. La abogada de los otros dos acusados Eduardo García Daneri y Raúl O’Connor La Rosa, dijo que no se presentarían hasta que se resolviera la nulidad que habían planteado en los autos de enjuiciamiento, ya que desean que el caso se lleve a cabo en Lima.
La directiva emitida por la Sala Penal Nacional que juzga casos de violaciones a los derechos humanos, señala con claridad que solo los casos con más de 3 agraviados deben llevarse a cabo en Lima.
Los familiares de Constantino Saavedra mostraron su desazón ya que esperaban que de una vez se iniciara el juicio. Para la doctora Cano, de llevarse a cabo en Lima, “el proceso –así como ocurre con otros casos de Ayacucho– se vería afectado porque los testigos y familiares son personas muy pobres, que no cuentan con recursos para estar movilizándose cada semana a Lima y participar en las dos horas de audiencia programadas, conforme como ha sido la tónica hasta ahora en la Sala Penal Nacional. Esto favorecería a los acusados, por el desconocimiento que han mostrado los jueces de la Sala Penal de la realidad en Ayacucho en esos tiempos”.
“Recordemos lo que pasó en el juicio contra los mismas personas por la desaparición de Eladio Mancilla Calle. En ese caso, la Sala afirmó que el Comando Político Militar no tenía injerencia en la vida de Huamanga. Además aceptó lo señalado por los acusados, que los senderistas se movilizaban por toda Huamanga vestidos de militares y usando camionetas iguales a las que se utilizaban en el cuartel Los Cabitos. Es por ello que los familiares exigen que se respete la jurisdicción, y que sean juzgados en Huamanga”, señaló la abogada de APRODEH.
La señora Maximiliana Quispe, esposa de Constantino Saavedra, es miembro de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Ella, junto a sus hijos y directivos de dicha institución estuvieron a la espera del inicio del juicio oral. La señora Maximiliana, como se muestra en la foto que se adjunta, está atenta a cada hallazgo en el sector de La Hoyada del Cuartel “Los Cabitos”, esperando encontrar los restos de su esposo.
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