La persecución judicial y las acusaciones sin fundamento que pretenden tildar de terroristas a los dirigentes comunales y de las rondas campesinas que solo defienden su justo derecho al agua y a la tierra, frente a la presencia de la minera Majaz en Ayabaca, Piura, en nada contribuirá a buscar consensos y soluciones, y por el contrario, puede generar un clima de mayor malestar en la región norte del país.
Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, exige poner fin a estas acciones de amedrentamiento, que una cuestionada organización vinculada a la minera Majaz, ha iniciado contra los dirigentes comunales, y que incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y cajas y Yanta, entre otros.
En efecto, la Asociación civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, en la provincia de Ayabaca, que ha sido creada recientemente y que apoya las actividades de la minera Río Blanco Cooper S.A, ex Majaz, presentó el pasado 24 de marzo una denuncia penal ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, por delito de terrorismo y otros, contra los alcaldes y dirigentes que convocaron la consulta vecinal del 16 de setiembre del año pasado, en la que la gran mayoría de la población rechazó la presencia de la minería.
Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, han denunciado que esta asociación civil, está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales. Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
Para APRODEH, estos hechos evidencian indicios de una persecución contra dirigentes, activistas y defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como contra autoridades locales, que lo único que se hacen es ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, sociales y culturales, frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales que permiten su sobrevivencia.
Hay que recordar que en la actualidad hay una investigación en curso contra la empresa minera por no respetar los derechos de las comunidades campesinas; asimismo, recientemente OSINERGMIN, le aplicó una multa por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales y por daños al medio ambiente. Por ello, llama la atención que en medio de todas estas irregularidades por parte de la empresa, hoy se pretenda acusar de terroristas a las autoridades locales y comunales, y que incluso, la Quinta Fiscalía Penal provincial de Piura, agilice inusitadamente la denuncia para que el caso pase al DINCOTE.
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