La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza la declaración de Estado de Emergencia en los distritos de Chiara, Vinchos, Acocros y Acos Vinchos de la provincia de Huamanga – Ayacucho por considerarla una medida desproporcionada, que vulneraría los derechos las comunidades campesinas de la zona.
Mediante el Decreto Supremo 087-2008-PCM, el gobierno ha suspendido, en dichos distritos, los derechos constitucionales a la libertad, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito, derechos humanos elementales que todo gobierno debe respetar en un Estado de Derecho y que sólo puede suspender en situaciones de peligro inminente.
El Estado de Emergencia, tal como lo señala el artículo 137 de la Constitución Política, es una medida de excepción que sólo se aplica cuando peligre el orden interno, haya catástrofes o graves circunstancias que afecten la vida de la nación.
Wilfredo Ardito, Responsable del Area de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH manifestó:“Las protestas pacíficas en dichas localidades, demandando solución a los problemas generados por la construcción de un gasoducto en sus territorios, por parte de la empresa PERU LNG, éstas no justifican esta medida extrema, sobretodo porque se trata de lugares que ya vivieron dolorosas experiencias de violencia durante el conflicto armado”.
APRODEH, advierte que los problemas sociales generados por la presencia de empresas trasnacionales en las comunidades campesinas se deben resolver mediante la apertura de espacios de diálogo y el respeto por los derechos de las comunidades.
APRODEH respalda y exige que se reparen los daños ocasionados a la tierras de cultivo y viviendas, así como la revisión de los contratos y una mejor compensación por kilómetro usado para el paso del gasoducto, tal como lo vienen demandando las comunidades de los distritos de Chiara y Acocros. “Aprovechando la debilidad de éstas para negociar y la ausencia de asesoría legal, la empresa ha llegado a acuerdos donde asume pagar entre 500 y 1,500 soles por kilómetro lineal, mientras que en otras comunidades, ha pagado hasta 400,000 soles por kilómetro”, dijo Ardito.
De otro lado, frente a los daños ocasionados a los campesinos, la empresa PERU LNG ha suscrito acuerdos de indemnización, con cláusulas que inclusive prohíben mostrarlos ante a un abogado, lo cual revela que la población fue presionada para firmar, así como a nivel de las municipalidades distritales, la empresa ha fijado de manera unilateral la cantidad que se debe pagar por licencia de construcción, lo cual es inaceptable desde el punto de vista legal y ha generado a su vez conflictos con dichas autoridades.
APRODEH señala que se está distorsionando el fin de un Estado de Emergencia y se está vulnerando el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas que en su Art. 2 señala que los gobiernos deberán, con la participación de los pueblos interesados, proteger sus derechos. Tanto el Gobierno Regional de Ayacucho, como la Municipalidad de Huamanga han expresado su preocupación por el accionar de la empresa Perú LNG en su relación con las comunidades.
APRODEH, lamenta que para el Gobierno Central, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 087-2008-PCM, las diferencias entre las comunidades y la empresa PERÚ LNG, sean resueltas con medidas de excepción lo que expresaría una vez más la falta de voluntad democrática y un perfil autoritario del segundo gobierno de Alan García frente a los problemas sociales.
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