La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH condena las torturas y vejaciones cometidas contra 29 personas, entre ellos dos mujeres, provenientes de Piura y Jaén, que se realizaron durante varios días en el campamento de la minera Majaz, por parte de integrantes de las fuerzas policiales y de los vigilantes de la empresa minera. Las fotografías que confirman estos hechos han sido difundidas en el diario La República.
Desde hace seis años las actividades de la minera Majaz vienen generando fuerte tensión en las provincias de Huancabamba y Ayabaca (Piura) y Jaén y San Ignacio (Cajamarca). En los últimos años, la administración de la empresa pasó del consorcio inglés Monterrico Metals a la empresa china Zijin, y los métodos se han mantenido similares. Por ello, el mismo día en que fueron denunciados estos hechos en Piura, el Ministerio Público reinició las investigaciones por terrorismo hacia dirigentes campesinos, autoridades locales e integrantes de ONG ambientalistas.
APRODEH expresa su preocupación frente al Decreto Supremo 027-2008-DE, que autoriza a Majaz a realizar sus actividades en la zona de frontera con el Ecuador, aduciendo que éstas son de necesidad pública. El respaldo incondicional que las autoridades del Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Energía y Minas vienen dando a la empresa minera Majaz sólo genera mayores conflictos sociales en la zona y genera descrédito del Estado peruano.
APRODEH exige a las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial que se investigue y sancione a los responsables de estos condenables hechos y que cese la persecución contra los 300 dirigentes de Piura y Cajamarca ambientalistas por delitos de terrorismo.
La tortura es un delito de lesa humanidad que debe ser sancionado en tanto constituye una violación a la integridad y dignidad de la persona humana, y el Perú ha suscrito y aprobado la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde el año 1998.
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