La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su rechazo por las órdenes de detención que el Poder Judicial viene emitiendo contra dirigentes indígenas acusándolos de sedición, asesinato calificado y otros delitos frente a los que no hay prueba alguna.
Como es de conocimiento público, a comienzos de junio, el Poder Judicial emitió una orden de detención contra Alberto Pizango, Presidente de AIDESEP, acusándolo del delito de sedición. Dicha orden fue resultado de claras presiones políticas, como confirmó el propio Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y expresaron diversos funcionarios del gobierno.
A mediados de junio, una orden similar ha sido emitida contra el dirigente awajún Santiago Manuim, acusándolo por el asesinato de los nueve policías en la Estación 6 de Petroperú, pese a que se encontraba inconsciente y gravemente herido por varios impactos de bala cuando este crimen se produjo. La orden de detención y el proceso abierto contra Manuim ha generado hondo malestar en la población awajún. Debe precisarse que los policías inclusive pretendieron esposar a Manuim a la cama del hospital, pese a su grave estado de salud.
Finalmente, este lunes se ha emitido una nueva orden de detención contra otros cuatro dirigentes de AIDESEP: Marcial Mudarra Taki, Saúl Puerta Peña, Cervando Puerta Peña y Teresita Antaza López.
Producto de estas órdenes de detención, como se sabe, los hermanos Saúl y Cervando Puerta han decidido asilarse en la Embajada de Nicaragua, siguiendo los pasos de Alberto Pizango. Estos hechos muestran ante la opinión pública internacional al gobierno peruano orientado a reprimir a la población indígena en una evidente política de criminalización de la protesta social.
Creemos que entablando procesos a dirigentes indígenas y emitiendo órdenes de detención sólo se genera una atmósfera de mayores conflictos sociales en el Perú. "De esta manera se hace muy difícil plantear Mesas de Diálogo", señaló Wilfredo Ardito, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH.
"Es fundamental que la población indígena confíe en la autonomía de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público y no los perciba como instrumentos del Poder Ejecutivo", concluyó.
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