La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sustentó ayer ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos 982, 983, 988 y 989 que restringen las libertades ciudadanas y afectan los derechos fundamentales.
La sustentación se realizó en una audiencia pública celebrada ayer en la ciudad de Arequipa y contó con la presencia de cientos de arequipeños, quienes convocados por los gremios de Construcción Civil de la CGTP, Conacami, Femucarina, CEPRODEH, la Asamblea de los Pueblos y otras organizaciones sociales de Arequipa, quienes realizaron una manifestación pacífica frente a la sede del Tribunal Constitucional en la que rechazaron la vigencia de los decretos legislativos que vienen limitando el ejercicio de sus derechos a la expresión, a la reunión y manifestación pacífica.
Miguel Jugo, director de APRODEH, advirtió ante el TC que la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos también ha sido señalada por la Defensoría del Pueblo y por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que en mayoría votó por declarar la inconstitucionalidad de los mismos.
La sustentación de la demanda interpuesta estuvo a cargo del Dr. Roberto Pereyra, abogado constitucionalista quien, en representación de APRODEH, estableció un diálogo fluido con los miembros del TC para demostrar los extremos de su demanda. Luego de su intervención que fue seguida con atención e interés por parte de los magistrados, el TC solicitó a APRODEH hacer llegar la documentación de los últimos casos de aplicación de los cuestionados decretos legislativos.
“La audiencia ha sido importante porque en ella se han presentado argumentos irrebatibles para declarar la inconstitucionalidad de los decretos. Esperamos conocer, en los próximos 30 días, una respuesta en ese sentido”, afirmó Miguel Jugo al concluir la audiencia.
Como se recuerda, la acción de inconstitucionalidad fue presentada al TC en mayo de 2008, y contó con el respaldo de más de 5 mil ciudadanos y las organizaciones sociales nacionales tales como la CGTP, CCP, CUT, CONACAMI y otras.
Datos:
- El Informe de la Defensoría del Pueblo (octubre, 2007), respecto a la inconstitucionalidad señala que el Poder Ejecutivo no tenía facultad para regular aspectos generales en materia penal o procesal penal, desde la detención hasta la incomunicación. Igualmente, la Defensoría señaló que los Decretos Legislativos debieron centrarse en enfrentar el crimen organizado; asimismo, planteó que sean derogados los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo 982, el artículo 3º del Decreto Legislativo 983, el artículo 1º del Decreto Legislativo 989, e inclusive, que el Poder Judicial disponga su inaplicabilidad en el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de las normas.
- El Informe por Mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento propone también derogar los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo 982, los artículos 1º y 3º del Decreto Legislativo 983 y el artículo 1º del Decreto Legislativo 989.
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