La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, saluda la decisión de la Segunda Sala del Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial de sancionar a los suboficiales y oficiales de la Policía Nacional implicados en la detención y la golpiza a cuatro jóvenes ciclistas de San Juan de Lurigancho, quienes fueron presentados públicamente como una presunta banda de delincuentes a la que denominaron “Los Malditos de Larcomar”, en junio de 2008.
Efectivamente, la suboficial Caty Zapata quien comandó el ilegal operativo ocurrido en Miraflores ha pasado a disponibilidad por 12 meses por atentar contra la libertad y seguridad personal de los cuatro jóvenes, así como porque, junto con los policías Armando Carrillo y Tomás Salinas, obligaron a los detenidos a firmar actas de registro en blanco, donde consignaron información falsa, que pretendieron validar con la simulación de pruebas.
Igualmente, el coronel PNP Luis Alberto Flores ha pasado a disponibilidad por haber presentado a los cuatro jóvenes ante los medios de comunicación, contraviniendo las normas que prohíben estos actos y atentando contra la libertad y seguridad personal de las personas. Actualmente el coronel Flores ha pasado a retiro. APRODEH resalta que la sanción se debe a la vulneración del Decreto Supremo 01-95-JUS, que prohíbe la exhibición pública de los supuestos delincuentes cuando todavía no ha habido ningún proceso.
Para APRODEH los abusos cometidos tuvieron un claro carácter discriminatorio: los rasgos físicos y el lugar de origen de los jóvenes motivaron que los policías actuaran con la mayor violencia, evidenciándose que existe un “perfil racial del sospechoso”. En base a ello, los detenidos fueron despojados de sus celulares y cámaras digitales, que fueron presentadas a la población como si fueran bienes robados.
Sin embargo, APRODEH considera que el comandante Ángel Fernando Paz, en su calidad de Comisario de Miraflores recibió una sentencia benévola de seis días de sanción simple, pese a que él, por su propia función, debió haber evitado los actos de tortura que fueron cometidos en la mencionada comisaría.
Pese a la sentencia benévola contra el comandante, APRODEH aprecia un avance importante en la lucha contra la impunidad para evitar también que se cometan hechos similares. En el Perú, miles de personas murieron en los años ochenta porque las Fuerzas Policiales y Militares los consideraban “sospechosos”. Es tiempo que las instituciones que tienen por función proteger a los ciudadanos, dejen de lado los prejuicios raciales que tanto daño hacen a nuestra sociedad.
APRODEH considera que, además de esta sanción administrativa, debe haber una sanción penal hacia los policías involucrados y una indemnización a los cuatro jóvenes que fueron objeto de una injusta detención y vieron vulnerados sus derechos a la integridad física y psicológica, a la presunción de inocencia y a la imagen personal.
|
