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Alto a la persecución de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela


jueves 22 de octubre del 2015

Jueves 22 de octubre de 2015.- Las organizaciones abajo firmantes miembros de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas queremos expresar nuestra especial preocupación por las situaciones de hostigamiento, amenazas, seguimientos y violencia que periódicamente enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.

Diversos miembros del gobierno del Presidente Nicolás Maduro han desatado una campaña de persecución hacia las personas defensoras de derechos humanos desde la tribuna que los medios de comunicación oficiales u oficiosos les ofrecen, tildándolas incluso de “traidores a la patria”. Notamos con gravedad que estos actos de intimidación y violencia suelen volverse más intensos respecto aquellas personas defensoras que acuden a denunciar violaciones a los derechos humanos ante las organizaciones y los mecanismos internacionales. Estos señalamientos y hostigamientos mediáticos han repercutido en que las personas defensoras sean seguidas, fotografiadas en aeropuertos, y expuestas a atentados violentos.

Esto fue reconocido por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en un comunicado de prensa de marzo de 2015 expresó su “alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.” En igual sentido se pronunciaron en julio de 2015 los Relatores de Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, junto con sus contrapartes de Naciones Unidas y el Relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, cuando los hechos de hostigamiento se volvieron a repetir por la participación de personas defensoras durante las sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Humanos de Naciones Unidas. Estos expertos llamaron al Estado a “poner fin a este vergonzoso acoso televisado de activistas de derechos humanos en Venezuela”, reconociendo que se trata de un patrón de conducta estatal para intimidar y difamar a las personas defensoras.

Con mucha preocupación notamos que estas conductas no han cesado. Nos solidarizamos con los compañeros de PROVEA (Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos) y, en particular, con Marino Alvarado Betancourt, ex coordinador de esta prestigiosa institución, quien el 1 de octubre del 2015 a las 5:30 pm fue secuestrado y asaltado por presuntos delincuentes cuando se encontraba con su hijo de nueve años. La situación podría pasar por un común acto criminal en una ciudad que, como Caracas, cuenta con una tasa de 64 homicidios por cada 100 mil habitantes e índices altos de inseguridad ciudadana. Sin embargo, llama la atención que se diera en el contexto de diversos ataques y campañas de descrédito contra la organización y sus directivos. Estas acciones empezaron desde abril del 2013 y llevan a uno de sus puntos más altos con los hechos posteriores a febrero del 2014, sobre todo, con el secuestro por un grupo de civiles armados de Inti Rodríguez, encargado de comunicaciones de PROVEA.

Exhortamos al Estado de Venezuela a hacer cesar de inmediato estas amenazas y hostigamientos mediáticos: además de consistir en afirmaciones completamente falsas, tienen por consecuencia poner en riesgo la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos de toda Venezuela. El Estado no puede tolerar y fomentar estos actos de violencia, lo cual irremediablemente hace a través del continuo señalamiento, hostigamiento y exposición de quienes realizan denuncias de violaciones de derechos humanos.

Llamamos asimismo al Estado a tomar urgentemente todas las medidas necesarias para proteger la integridad y la vida de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a través del cumplimiento inmediato y el seguimiento cercano a la implementación de las medidas cautelares y provisionales dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo las medidas otorgadas en favor de Inti Rodríguez, Rafael Uzcátegui, Esperanza Hermida y Marino Alvarado, Marco Ponce, Luis Uzcátegui, Humberto Prado, Marianela Sánchez, Eloisa Barrios, Rocío San Miguel, entre otros.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Regional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Internacional de Juristas

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer de Bolivia

Brasil
Conectas Direitos Humanos

Chile
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia 
Consultoría Para Los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES)

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Costa Rica
Defensa de Niñas y Niños – Internacional (DNI)

Ecuador 
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala 
Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

México 
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.

Grupo de Mujeres de San Cristobal las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Nicaragua 
Movimiento Autónomo de Mujeres

Paraguay
ÁGORA Espacio Civil Paraguay

Perú 
Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD)

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) / International Institute on Law and Society (IILS)

Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay IELSUR

Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida

Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
CIVILIS Derechos Humanos

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

A.C. Espacio Público

Observatorio Venezolano de Prisiones

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

Fuente: CEJIL

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