APRODEH y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre sucesos de Las Bambas: Exigen al gobierno rescindir convenios existentes entre la Policía Nacional y empresas privadas por ser una amenaza contra la seguridad ciudadana


lunes 10 de octubre del 2016

La Asociación Pro Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y todo el movimiento de derechos humanos del Perú expresaron su rechazo al actuar de las fuerzas policiales en el tratamiento de los conflictos sociales. Fue luego de que el Ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias reveló que la muerte del comunero Quintino Cereceda Huiza, en Las Bambas, Apurímac, se debió a faltas graves de dos oficiales de la Policía Nacional.

El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte Allaín y la Directora Ejecutiva de APRODEH, Gloria Cano Legua pidieron que la Fiscalía de la Nación investigue a fondo los sucesos acaecidos el pasado viernes 14 de octubre en las inmediaciones del asiento minero Las Bambas. En esa oportunidad se produjo un enfrentamiento entre la policía y los comuneros que protestaban por los daños que viene causando la empresa minera MMG a los cultivos y el medio ambiente de las comunidades de Cotabambas y Grau de la región Apurímac.

La Policía Nacional desató este enfrentamiento al pretender disolver la justa manifestación de los campesinos, garantizada por la Constitución del Estado. Este accionar represivo y autoritario, que se arrastra de gobiernos anteriores, provocó la muerte del campesino Cereceda, a causa de un disparo de bala, a quemarropa, por parte de un efectivo policial, aún no identificado. También se produjeron decenas de heridos y contusos tanto entre los campesinos como entre los miembros de la policía nacional.

Esto constituye un hecho de suma gravedad, más aún cuando hace apenas un año, el 25 de setiembre de 2015, otros cuatro comuneros resultaron muertos y más de 25 quedaron heridos, durante una manifestación similar.

La oportuna reacción del Ministro del Interior, dando a conocer los resultados de una investigación preliminar con carácter de urgencia, con resultados concretos y señalando responsables han sido bien recibida por la colectividad. Sin embargo es necesaria una investigación cristalina sobre el hecho, una investigación profunda y sanción a los culpables mediatos e inmediatos.

Además se hace necesaria la formulación de una clara política de tratamiento pacífico de conflictos en el ámbito del Ministerio del Interior, para evitar más hechos de sangre que enlutan a nuestro país. Sin embargo uno de los requisitos para establecer esa nueva política de tratamiento de conflictos debe ser la inmediata rescisión de todos los convenios existentes entre la Policía Nacional y diversas empresas mineras y extractivas, que hacen que un organismo del Estado que debe estar al servicio de toda la población, se sienta identificado y defienda los intereses de empresas privadas nacionales o extrajeras frente a los intereses de otros sectores de la población.

A continuación el Comunicado de la Coordinadora Nacional de derechos humanos:

MÁS DIÁLOGO PARA QUE NO HAYA
NI UNA MUERTE MÁS

COMUNICADO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta profundamente la muerte de Quintino Cereceda Huiza, muerto por un impacto de bala de la Policía Nacional del Perú este viernes 14 de octubre, en el marco de la respuesta policial al bloqueo de vehículos pesados en la carretera que une el proyecto minero Las Bambas con el poblado de Quehuira en Apurímac.

En este sentido, expresamos nuestro más enérgico rechazo al uso indebido de la fuerza por parte del Estado en sus intervenciones en los conflictos sociales. La PNP no puede actuar al margen de la Ley, desconociendo lo normado en el Decreto Legislativo 1186 y su reglamento, así como en las directivas del propio Ministerio del Interior (resumidas en la RM. 813-016/IN). En este sentido valoramos el inicio de la investigación sumaria del Ministerio del Interior (1).

Exhortamos que la Fiscalía investigue a cabalidad los hechos y denuncie por las responsabilidades que encuentre con relación a la muerte del señor Quintino Cereceda Huiza. Demandamos también se conozca la relación de todas las personas heridas y que se brinde la atención médica necesaria a todas las personas heridas.

Requerimos a todas las autoridades y actores comprometidos en este proceso a mantener y aumentar el diálogo, e incrementar sus esfuerzos por informar a toda la ciudadanía involucrada sobre los acuerdos tomados y los avances en su implementación.

Exhortamos una vez más al gobierno central para que hagan públicos todos los convenios privados vigentes entre las Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, y que estos sean finalizados de manera urgente, ya que vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así también constituyen una amenaza cierta e inminente al derecho a la seguridad ciudadana, a la libertad de expresión y ponen en riesgo la vida y la integridad de peruanas y peruanos, tal como ha sucedido con la vida del señor Quintino Cereceda.

Invocamos especialmente al gobierno central a no permitir la muerte de un solo peruano más. Consideramos que esta muerte fue totalmente evitable y que es deber fundamental del gobierno central y todos los sectores involucrados en este proceso: Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicación, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el emprender una política que profundice el diálogo para la prevención y solución de conflictos sociales, que incluya el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que se arriben, y que no sean reemplazados por la represión como ocurrió sistemáticamente en quinquenios anteriores. Solo así será posible la aspiración de no tener ni un muerto más.


Lima, octubre 2016

………………………………………………………

Oficina de Prensa de APRODEH

Teléfono 431 0482, anexo 103

Tags:
Descargar