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Desaparición forzada fue práctica sistemática de Estado bajo el gobierno de Fujimori: Sótanos del SIE eran laboratorios de tortura y salón de Pacto con Sendero Luminoso


miércoles 28 de septiembre del 2016

Los familiares de los estudiantes y el profesor asesinados y cremados en los sótanos del Sistema de Inteligencia del Ejército (SIE) expresaron su satisfacción por la sentencia que condena a Vladimiro Montesinos y otros oficiales. El fallo de la Sala Penal Liquidadora, dado a conocer ayer martes, 27 de setiembre de 2016, establece penas entre 15 a 22 años de cárcel a los autores intelectuales de estos crímenes.

Fue en la Conferencia de Prensa que dieron, hoy miércoles, por la mañana, los familiares de los estudiantes Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo Castro y del profesor Justiniano Najarro Rúa, en el local de APRODEH. En la rueda de prensa estuvieron presentes también la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano Legua y la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ana María Vidal.

Entre los familiares de los estudiantes asesinados estuvieron los padres de Martín Roca, la señora Ricardina Casas de Roca y el señor Javier Roca; la hermana de Kenneth Anzualdo, Marly Anzualdo; y las hijas del profesor Justiniano Najarro Rúa, Jeny y Marilin Najarro. Todos ellos expresaron sus sentimientos de alegría y reanimación por la sentencia, resaltando los aspectos positivos de ella y deplorando los aspectos negativos como la no fijación de una pena mayor, porque consideraron que no había ningún atenuante para un crimen tan cruel.

De acuerdo a los magistrados de la Sala Penal liquidadora “la desaparición forzada fue una práctica sistemática de Estado durante el gobierno a Alberto Fujimori, lo que confirma lo ya establecido en las sentencias de Barrios Altos y de La Cantuta”. Esto informó la doctora Gloria Cano Legua, directora de APRODEH, quien estuvo presente en la sentencia, el día anterior, como abogada de los familiares de las víctimas. “Luego de 23 años quedó establecido oficialmente que los sótanos del Sistema de Inteligencia del Ejército fue un lugar en el que se torturó se asesinó y se incineró los cadáveres de personas detenidas y desaparecidas por miembros de los aparatos militares y de inteligencia del Perú” indicó, y remarcó que “esta verdad ya ha sido revelada jurídicamente”.

La hermana de Kenneth Anzualdo, Marly Anzualdo Castro, agradeció al doctor Víctor Quinteros por su investigación del caso, en el marco del encargo que recibió de la Procuraduría Ad Hoc y como parte de la investigación para el libro “Muerte en el Pentagonito” del periodista Ricardo Uceda. Asimismo agradeció a todos los que, de una u otra manera, contribuyeron y se solidarizaron con el caso de su hermano. En especial expresó, con lágrimas en los ojos sus agradecimientos a los compañeros de su hermano, los cuales desafiando todo riesgo, siempre estuvieron presentes para declarar y esclarecer los hechos de la muerte de su hermano.

La doctora Cano indicó, en otro parte, que en la época de la violencia política había una coordinación directa entre estos organismos y que se ha llegado a probar que los dos estudiantes de la universidad Kenneth Anzualdo y Martín Roca Casas, no fueron los únicos que fueron a parar a los sótanos del SIE. También hubo otros detenidos que fueron detenidos por la policía y que fueron llevados a esos sótanos, donde se había establecido un centro de tortura.

La directora de APRODEH, reveló que existen otras tres personas que fueron detenidas y llevadas a los sótanos del SIE. Esas personas sobrevivieron y luego fueron puestos a disposición de la justicia. También ese lugar sirvió para la negociación entre el Estado peruano y la cúpula de Sendero Luminoso. Por supuesto que en tal ocasión los dirigentes senderistas tuvieron un trato preferencial. Tales negociaciones se llevaron a cabo entre la cúpula de Sendero Luminoso y Vladimiro Montesinos.

La sentencia de la Sala Penal Liquidadora que señala, que la desaparición forzada fue una práctica sistemática utilizada como política de Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori está debidamente fundamentada en documentación debidamente registrada. La Asociación Pro Derechos Humanos considera que el Estado peruano debe asumir oficialmente, de una vez por todas, la existencia de esa política en los años de la violencia política entre 1980 al 2000 y, en consecuencia de ello, debe establecer una política para establecer la verdad histórica y corregir todo lo erróneo, reparando a las víctimas y sus familiares y estableciendo una política de paz y una cultura de no violencia para superar las heridas que aún quedan por restañar.

28 de septiembre de 2016

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Oficina de Prensa de APRODEH

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