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Ya van 70 muertos en conflictos


domingo 15 de noviembre del 2015

Cifra preocupa a Comisión Internacional de Juristas que se entrevistó en Lima con autoridades de diversos ministerios para exigir cese de impunidad.

Foto Diario Uno

Lima, domingo 15 de noviembre de 2015.- Cuatro integrantes de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidieron a autoridades del gobierno peruano que respete los derechos de los peruanos que participan en protestas y que cese la impunidad para policías que en lo que va del presente gobierno causaron la muerte de setenta manifestantes y cerca de dos mil heridos.

“Nos preocupa lo que sucede en el Perú, particularmente el uso de una fuerza que causa la pérdida de vidas. Tampoco se pueden utilizar la misma figura penal que se aplica en casos de secuestros o extorsiones a casos de manifestaciones contra actividades extractivas”, expresó María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia.

Respecto a los motivos recurrentes de los conflictos sociales en el Perú, señaló que la misión trató el tema con funcionarios del gobierno.

PREPARAN INFORME
“Hemos tomado conocimiento del impacto de las industrias extractivas en la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y la criminalización de la protesta social en el Perú aunque los entrevistados ofrecieron cambios en este sentido”, precisó.

Galvis declaró en conferencia de prensa junto a la francesa Sandra Ratjen, asesora jurídica Senior del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el alemán Olivier van Bogaert Director de prensa y comunicaciones, y el sociólogo venezolano Rafael Uzcategui, todos de la CIJ organización consultiva de las Naciones Unidas, Informaron que en diciembre presentarán al gobierno peruano un informe evaluatorio sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.

ENTREVISTAS
Informaron que durante una semana se entrevistaron con autoridades de los ministerios del Ambiente, del Interior, de Justicia, así como con representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, directivos de expresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones sociales.

“Que no se crea que estamos contra las empresas extractivas que, sabemos, generan desarrollo sino contra la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial de los campesinos y comunidades indígenas” expresó Galvis.

Por: Denis Merino
Fuente: Diario UNO

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