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Autores de matanzas, tortura, desaparición y violaciones en Chumbivilcas serán sentenciados luego de 27 años


Martes 13 de junio del 2017

Un total de 8 militares de mediana graduación, encabezados por el Capitán Retirado Jaime Manuel Pando Navarrete (“Capitán Pantera”) y el Teniente Alan Edwar Olivari Medina (“Teniente Negro”), todos ellos en libertad, recibirán próximamente sentencia por los delitos de lesa humanidad en la modalidad de desaparición forzada, asesinato agravado, tortura y violación sexual, en agravio de 20 campesinos de las provincias de Antabamba de Apurímac y Chumbivilcas de Cusco.

Los hechos se produjeron entre el 19 de abril y el 1 de mayo del año 1990 en las comunidades de Huaquira, Huacconi, Chancara, Collpa, CCaecca, Ichuni, Huacullo, Ranrapata y Accaco de ambas provincias fronterizas del Sur Andino. Entre las víctimas se encuentran Jesús Jauja Sullo, Julio Huamaní Huisa, Eusebio Huamaní Charahuana, Aurelia Huamaní Apfata e Isabel Leoccalla de Alccahuamán. Estas dos últimas víctimas de violación sexual.

La Sala Penal Nacional, con sede en Lima, viene realizando la parte final del juicio oral por estos crímenes de lesa humanidad, habiendo, hasta la fecha, rendido sus testimonios y alegatos la parte civil, es decir, las víctimas, representadas por la Asociación Pro Derechos Humanos. Luego escuchar la defensa material de los acusados Pando, Olivari y otros, el colegiado de la Sala Penal sesionará y emitirá sentencia el próximo 21 de Junio.

Los acusados Pando y Olivari, quienes comandaron, el primero la Base Militar Antisubversiva de Antabamba y el segundo la patrulla militar “Raya”, así como el resto de miembros de la patrulla, deberían recibir las penas previstas para este tipo de delitos, considerados de lesa humanidad, por la gravedad y el contexto en el que fueron cometidos contra pobladores de las zonas dentro de su recorrido, cuando buscaban información sobre posibles columnas terroristas.

El Fiscal Daniel Jara ha formulado la Acusación Fiscal contra los acusados Jaime Manuel Pando Navarrete, como autor mediato y contra Alan Edwar Olivari Medina, Mario Cruz Porcela y otros, como autores inmediatos, encontrándolos culpables de los delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, Homicidio Calificado, Asesinato, Violación Sexual, Contra la Humanidad en la modalidad de Desaparición Forzada, entre otros, pidiendo la pena máxima de 35 años de cárcel.

La serie de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales cometidas por estos malos elementos del Ejército Peruano, entre el 19 de abril y el 1 de mayo de 1990, en las provincias de Antabamba y Chumbivilcas, no debería quedar impune. El Poder Judicial tiene ante sí una oportunidad de hacer por fin justicia, luego de 27 años de impunidad. Además una sentencia justa y reparadora sería un adecuado homenaje a la provincia de Chumbivilcas, que justamente fue creada un 21 de Junio de 1825 y cumple su 192 aniversario.

Las familias de las víctimas nunca han cesado en su afán de buscar justicia y exigir la aparición de los cuerpos de los desaparecidos. En este largo recorrido han estado acompañados por la Vicaría de Sicuani, la Asociación Pro Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil.

Debido a la centralidad de la justicia, en este tipo de casos, las familias, que en su mayoría son quechua-hablantes y viven en alejados poblados de las provincias de Antabamba y Chumbivilcas, estarán ausentes el día de la lectura de sentencia, señalado para el miércoles 21 de junio. Por ello la Asociación Pro Derechos Humanos hace un llamado a los activistas de derechos humanos y público en general a estar presentes en este acto jurídico y representar simbólicamente a cada familia damnificada.

Por su magnitud, de crueldad e irracionalidad, contra humildes pobladores de nuestro territorio andino, este caso fue motivo de un Pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo oficial de la Organización de Estados Americanos, quien señaló la responsabilidad del Estado Peruano por estos hechos y exigió que se investigue, sancione a los responsables y se repare a las familias. De esta manera el Estado Peruano se vio obligado a asumir su rol como Tercero Civil Responsable, y estará presente en la lectura de sentencia, para cumplir lo que determine la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.

 

Asociación Pro Derechos Humanos

Lima, 13 de junio de 2017

 

Oficina de Prensa de APRODEH

Telef.: 431 0482, anexo 103

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