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En dos manifestaciones en la Plaza de Mayo de Buenos Aires: Luego de 41 años, 600 mil personas recuerdan a 30 mil desaparecidos de la Dictadura Militar de Videla


Lunes 27 de marzo del 2017

Más de medio millón de personas se movilizaron el pasado viernes 24 de marzo, desde el Congreso Argentino, por la Avenida de Mayo, calles paralelas y bocacalles, hasta la Plaza de Mayo para recordar a los más de 30 mil desaparecidos de los años 70 del siglo pasado.

Entre los que encabezaban la manifestación se encontraban diversos colectivos juveniles, dirigentes sindicales, artistas y, como no podían faltar las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que perdieron a sus hijos y nietos en una de los más sangrientos enfrentamientos internos, en todo el mundo, después de la segunda guerra mundial.

Hebe de Bonafini, la legendaria dirigente de las Madres de Mayo, que durante años daban vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, monumento a la Libertad, en el centro de la plaza, con los nombres de sus hijos y nietos desaparecidos por la cruel dictadura del general Rafael Videla y su sucesor Roberto Viola que duró desde 1976 hasta 1983.

Los organizadores de las dos manifestaciones, leyeron un amplio documento pidiendo se divulgue todos los archivos de las fuerzas armadas, iglesias y otras instituciones para terminar de dar con los restos de los más de 30 mil detenidos-desaparecidos. También se pronunciaron en contra de la actual orientación del gobierno de Mauricio Macri, que viene priorizando el proceso privatizador de la economía y una actitud represiva, autoritaria y violatoria de los derechos humanos frente a las demandas populares.

El documento hace hincapié en la exigencia de libertad para varios presos políticos y de opinión Milagro Sala, Luciano Arruga, la aparición con vida de Julio López, así como el cese de la persecución judicial contra dirigentes sindicales de los maestros, a dirigentes feministas y ambientalistas en todo el país. Los dirigentes también denunciaron el intento de sacar una segunda ley de Punto Final y un denominado proceso de Reconciliación sin justicia para los violadores de derechos humanos.

Los organismos firmantes del documento, entre ellos muchos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales denunciaron también la discriminación de la que son objeto los pueblos originarios, como los Mapuches en Chubut y la violencia institucional contra jóvenes militantes de la Garganta Poderosa y del Movimiento Popular La Dignidad. Reclamaron justicia por el asesinato del miembro de esa organización Darío Julián.

Así mismo expresaron su disconformidad con la intención del gobierno de reducir la edad de imputabilidad para jóvenes adolescentes, y se termine con la política de impunidad rompiendo los pactos de silencio para con los genocidas autores de la masacres y desapariciones de decenas de miles de ciudadanos argentinos en la década de los años 70.

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