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Autores de la masacre de Chumbivilcas son condenados a penas entre 8 y 17 años de cárcel


Lunes 3 de julio del 2017

Delito de violación sexual durante la masacre fue desechado

 

Luego de 27 años de lucha por justicia, la Sala Penal Nacional dictó sentencia en el caso de la masacre de Chumbivilcas- Cashahui, dando por probado el hecho que la patrulla militar que recorrió los diversos poblados de las zonas altas del Cusco deteniendo, torturando, ejecutando y desapareciendo personas es la misma que salió de la base militar de Antabamba al mando de Alan Olivari Medina.

Este oficial, conocido como “teniente negro”, fue condenado por el delito de desaparición forzada, homicidio calificado y lesiones, seguidas de muerte (tortura), a 17 años de pena privativa de libertad. Los demás miembros de la patrulla, jóvenes reclutas en 1990, fueron condenados a penas de cárcel de entre 8 a 10 años, por los mismos delitos.

El jefe de la base militar Jaime Pando Navarrete fue condenado a 15 años por desaparición forzada, y absuelto por los otros delitos. Sin embargo, la Sala penal expresó que no tiene la certeza que conociera de los delitos cometidos, salvo el de desaparición. Es evidente, para los magistrados, que este militar sí conoció de las denuncias sobre la desaparición de un grupo de pobladores a manos de una patrulla, bajo su mando, y no hizo nada. Por ello fue encontrado culpable, como cómplice.

Esta sentencia sobre el caso Chumbivilcas resulta un gran avance, con respecto a otros casos que aún quedan en la impunidad. El rumbo que viene tomando, desde hace algún tiempo, la justicia peruana, es alentador para las víctimas, especialmente del período de violencia política, muchas de las cuales aún esperan justicia.

Es de lamentar, sin embargo, el hecho de que los delitos de violencia sexual, cometidos en el marco de este mismo caso, por los soldados que, al tiempo que asesinaban y torturaban humildes campesinos, violaban a mujeres, familiares de las propias víctimas. Esto no ha sido comprendido por la magistratura.

En un caso a una pobladora la torturaron y violaron sexualmente y a su esposo lo desaparecieron. Según el razonamiento de la sala penal la denuncia de violación sexual fue motivada por la venganza o por odio de la pobladora por la desaparición de su esposo. Para que una mujer denuncie una violación múltiple en un poblado con todo el estigma que ello conlleva es un gran esfuerzo y valentía, no, de ninguna manera puede señalarse que la denuncia fue falsa. La otra violación sexual de otra pobladora, se dio por probada, pero como imposible poder identificar a los dos soldados que la violaron, por ello se absolvió a todos, de este hecho.

Algo que hay que destacar también, es el hecho de que la Sala Penal Nacional haya dispuesto que el estado pida perdón por los hechos y se haga una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad y reconocimiento de la lucha de las familias.

Muchos de los familiares de las víctimas no pudieron estar presentes por la lejanía y la precariedad de sus recursos económicos. Sin embargo tres jóvenes de la comunidad llegaron en representación de las familias. Ellos no pudieron resistir los momentos de evocación de los hechos, durante la sentencia y se quebraron. Eran muy pequeños cuando ocurrieron los hechos. Recién en la lectura de sentencia se enteraron de cada uno de los 34 hechos delictivos que se cometieron contra sus paisanos y familiares en el marco de la masacre de Chumbivilcas-Cashahui.

Como en todos estos años se sumaron esfuerzos para lograr este triunfo, parcial, el cual es valorado tanto por los familiares, como por las instituciones de derechos humanos que los acompañaron durante todos estos años. La labor del Fiscal Daniel Jara fue realmente notable. No se puede dejar de reconocer su compromiso. De igual manera cada una de las personas que desde 1990 estuvieron al lado de las víctimas, que realizaron, prácticamente, un trabajo en postas, con mucho corazón, todo para que se establezca la verdad y la justicia. En ese sentido es de destacar la labor de la Vicaria de Sicuani, la institución cusqueña Derechos Sin Fronteras, Redinfa, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y, por su puesto de APRODEH, que nos comprometimos desde el primer momento con las víctimas inocentes de Chumbivilcas. Hay que indicar, sin embargo, que la lucha aún continúa, para establecer un verdadero Estado de Derecho en el Perú. (Nota: Gloria Cano)

 

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