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Continúan detenidos dirigentes campesinos condenados a 24 años por calumniosa denuncia de minera Antamina


viernes 2 de junio del 2017

Familiares de los dirigentes campesinos Narciso Espinoza Amado y Melitón Gregorio Cadillo Arce, condenados injustamente, el pasado 5 de abril, a 24 años de cárcel, por la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, llegaron a Lima para presentar recursos judiciales y dar a conocer a la prensa sobre este abuso de poder de la empresa minera y negligencia, en el mejor de los casos, por parte del Poder Judicial.

Los dirigentes de las comunidades de Huallucancha y Taruscancha, respectivamente, del distrito de San Marcos, de la provincia de Huari, Ancash fueron sentenciados debido a una denuncia interpuesta por la empresa Antamina de propiedad de las transnacionales BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi Corporation.

La denuncia se basaba en una calumnia de los directivos de Antamina, que por represalia a las acciones de protesta de las comunidades de Huallucancha y Taruscancha, que se produjeron en el mes de enero de 2011, exigiendo cumplimiento de promesas de obras en dichas comunidades, acusaron a estos dirigentes de secuestro de dos funcionarios.

Los supuestos secuestrados pasaron un día en las comunidades disfrutando de la acogida de los campesinos, escuchando sus necesidades y prometían interceder para que la empresa cumpla con sus compromisos. Al parecer esto rebasó la paciencia de la empresa que no estaba dispuesta a cumplir lo pactado en anteriores conversatorios, y simplemente quería desconocer los compromisos. A los pocos días, la psicóloga Lesly Chojeda se vio obligada a renunciar y el otro funcionario Mario Alva Obando, se mostró dispuesto a sostener la posición de Antamina para no poner en riesgo su puesto de trabajo. Hasta el momento él sigue trabajando y es el principal testigo del supuesto secuestro.

Lo que más extraña es el comportamiento de los magistrados Calderón Alonso, Hilda Celestino Narcizo y Juan Valerio Cornejo Cabilla resolvieron condenarlos en su resolución tres del expediente N° 103-2012-0 hayan decidido condenarlos a 24 años de cárcel, a pesar que la psicóloga Chojeda afirma categóricamente que jamás estuvieron detenidos, ni secuestrados. Tampoco valoriza el comportamiento de los funcionarios de mayor rango de la empresa, como el caso de Marco Dulanto Bautista, quien el 14 de enero del 2011 decidió suspender las conversaciones, entre la empresa y las comunidades, provocando el descontento entre los campesinos.

Tampoco validan los acuerdos originales entre la empresa minera y la municipalidad de San Marcos, cuatro años antes, es decir en 2007, que establece las obras a las que se compromete la empresa, y que no cumplió, motivo por el cual los campesinos se mostraron abiertos al diálogo cuatro años después para tratar de resolver la discrepancia en forma civilizada. Eso no fue posible por el comportamiento autoritario de la empresa, que, cual antiguo gamonal, menosprecia el papel de interlocutor que tienen los comuneros de Huallucancha y Taruscancha, del distrito de San Marcos, de la provincia de Huari, Región Ancash.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) representa a los dirigentes comuneros de Huari, en este flagrante hecho de injusticia y abuso de poder por parte de la empresa Antamina, propiedad de cuatro empresas transnacionales, con funcionarios peruanos a sus órdenes.

 

Oficina de Prensa de APRODEH

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