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Hoy se cumplen 26 años de detención-desaparición de autoridades: Familiares de víctimas de Chuschi continúan exigiendo justicia y reparación


Martes 14 de marzo del 2017

“De ponto aparecieron cuatro policías en el segundo piso, donde descansábamos. Eran los policías Largo y Brujo preguntando por Marcelino Rocha. Mi esposo dijo que él no era. Luego preguntaron por Marcelino Cabana y mi esposo se quedó callado. Entonces Largo insultó a mi esposo y lo bajó a la fuerza tirando de su cabello y lo tiró por la escalera. Mi esposo pedía auxilio. Yo me quedé en la casa por miedo”. Reza el testimonio presentado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VII, Capítulo 2. Los casos investigados por la CVR.

Todo comenzó en diciembre de 1990, cuando la Policía General de la localidad de Chuschi – Ayacucho, exigía la formación de una ronda campesina para enfrentar a las posibles columnas de Sendero Luminoso. Las autoridades civiles y comunales del lugar se negaron, pues consideraban que apoyaban a la Comisaría de la Policía General de Chuschi organizándose a través de un Comité de Vigilancia contra el Terrorismo, donde pobladores de los diversos anexos se turnaban diariamente para realizar la labor de vigía en la zona.

Sin embargo, tal organización no importó a los miembros de la Policía pues constantemente  hostigaban a los comuneros, les exigían alimentos y efectuaban detenciones arbitrarias a sus autoridades civiles y comunales. El punto de ebullición de esta situación fue el día 14 de marzo de 1991, cuando una patrulla del Ejército del Cuartel Militar de Pampa Cangallo, conformada por aproximadamente 25 soldados y dirigida por el teniente del Ejército Peruano Collins Collantes, ingresó a la localidad de Chuschi y se acantonó en la Comisaría del lugar aparentando una incursión armada, según testimonio de los testigos que aquel día cumplían el rol de vigías.

Aquel día hubo disparos, explosivos y la detención de distintas autoridades civiles y comunales como la del alcalde del lugar, Manuel Pacotaype Chaupín; la del secretario edil, Martín Cayllahua Galindo; la del teniente gobernador, Marcelo Cabana Tucno y la del menor, Isaías Huamán Vilca. Todos ellos fueron encapuchados, atados y trasladados al Cuartel Militar de Pampa Cangallo. Los pobladores de Chuschi luego expresaron que tales explosiones y disparos eran provocados por la misma patrulla del ejército, algunos de los cuales detenían a las autoridades.

Los familiares de los detenidos-desaparecidos, organizaciones de derechos humanos, entre ellas APRODEH, la Comisión Investigadora del Senado, que se conformó sobre este caso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde entonces han exigido justicia. Hasta la fecha las cuatro personas secuestradas no han aparecido, ni en vida, ni tampoco se ha determinado el paradero de sus restos.

El fuero civil, parcialmente condenó al oficial Domingo Morales Ampudia a 4 años de pena privativa de libertad con suspensión condicional. Tal sentencia fue revisada por la Corte Suprema y se le condenó a 5 años de prisión efectiva. Otros acusados, entre ellos, Hugo Martínez Aloja, Celso Sigifredo Miranda Vásquez, Carlos Alberto Del Busto Hervias y Bernhard Christian Eduard Braun Luy, fueron absueltos.

Rogger Santos Cayllahua Huamaní,  hijo de uno de los detenidos-desaparecidos de Chuschi, Martín Cayllahua, Secretario de la Municipalidad de ese distrito, manifestó a nuestra redacción que viene reclamando desde hace 26 años, se haga justicia a las víctimas. Expresó que es necesario que se encuentre y se les entregue los restos de sus familiares, se cumpla con repararlos económicamente y se sancione, de acuerdo a ley a los responsables de tal violación de derechos humanos.

Lo único que hasta la fecha han recibido algunos de los familiares son terrenos en Huachipa, en la Asociación de Vivienda Amanecer, los cuales recién por el trabajo de sus asociados han recibido luz eléctrica y recibirán las instalaciones correspondientes de agua y desagüe. Todo gracias a su propio peculio.

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