Los que suscribimos el presente comunicado, organizaciones de afectados por la violencia política de Ayacucho e instituciones de sociedad civil que integramos diferentes espacios de trabajo y redes locales como el Movimiento Ciudadano de DD.HH. de Ayacucho “Para que no se Repita”, la Comisión pro-Construcción del Santuario de la Memoria la Hoyada- Ayacucho, entre otras, nos dirigimos a la opinión pública, para expresar nuestro más enérgico rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional peruano que restituyo el ilegal indulto a Alberto Fujimori, reo privilegiado, que viene purgando una condena de 25 años por gravísimos delitos contra los DD.HH. enmarcados como crímenes de lesa humanidad.
Esta nueva afrenta a la justicia y la memoria pone de relieve una vez más las oscuras e ilegales componendas para liberar al dictador de cumplir efectivamente la condena impuesta por los tribunales de justicia, recurriendo a mecanismos y procedimientos declarados ilegales y en esta oportunidad con la complicidad del órgano máximo de interpretación constitucional cuya parcialización política ha quedado de manifiesto. Y lo que es más grave aún, contraviniendo abiertamente disposiciones y mandatos que sobre la materia han sido dispuestos por el sistema interamericano de justicia en diversas sentencias y mandatos de control.
Ante ello extendemos nuestro apoyo y solidaridad a todas las familias, mujeres y hombres que fueron violentados durante el gobierno de Fujimori, en particular reconocemos la enorme valentía y constancia de los familiares del caso Cantuta y Barrios Altos que, contra todo lograron que el imperio de la justicia dignifique la memoria de sus seres queridos, algo que para la mayoría de las victimas de la violencia política pasada, ha sido un derecho enormemente esquivo. Pero este esfuerzo singular que antepone la verdad, la justicia y la memoria como principios fundamentales para confrontar nuestro pasado traumático de violencia, ha sido permanentemente socavado, negado y estigmatizado por sectores, personajes y grupos políticos que buscan imponer narrativas negacionistas, de abierta oposición a la verdad y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Respaldamos las medidas solicitadas a efectos de que la Corte Interamericana intervenga con prontitud para resguardar el derecho a la justicia de los familiares y no se permita la impunidad. Demandamos al Estado peruano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, rechazando el indulto y garantizando que los ciudadanos y ciudadanas podamos expresar libremente nuestro disentimiento con la decisión adoptada por Tribunal Constitucional.
Aquellos que hemos padecido la violencia -por las demenciales acciones terroristas y la respuesta extremada del estado, bajo los mismos términos, en algunos lugares y periodos- y que llevamos aun las cicatrices y vacíos que dejo ésta, entendemos el tránsito hacia una sociedad reconciliada, debe pasar necesariamente por garantizar la justicia, la verdad y la memoria. Actos como la liberación fraudulenta de personajes con probadas responsabilidades con la violación de los DD.HH., que han mostrado indiferencia al dolor de las víctimas, no hacen sido seguir abonando las fracturas y heridas que nos separan a los peruanos y peruanas.
Las organizaciones de familiares de afectados por la violencia encabezados por las madres de ANFASEP y los organismos de sociedad civil nos mantenemos en movilización permanente hasta que se revierta tamaña afrenta a la justicia y sobre todo a la memoria y dignidad de las víctimas.
Ayacucho, 19 de abril del 2022
