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APRODEH invoca al gobierno al diálogo y no a la militarización para afrontar huelga de mineros informales


lunes 16 de enero del 2017

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su preocupación ante la autorización de intervención de las Fuerzas Armadas frente a las manifestaciones y acciones de protesta de los mineros informales, dispuesta por la reciente Resolución Suprema 065-2014-IN del Ministerio del Interior.

Según se aprecia de la citada resolución suscrita por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior, se autoriza la participación de las fuerzas armadas en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios, estableciendo como fundamentos de la actuación militar el cuestionado Decreto Legislativo 1095, promulgado por el Gobierno de Alan García, para encomendar a las fuerzas militares funciones de control del orden público y seguridad ciudadana, para las cuales no están facultadas.

Si bien la huelga de los mineros informales ha generado preocupación por los niveles de confrontación entre manifestantes y fuerzas policiales, es necesario insistir en la vía del diálogo, más aún si a la base de la exigencia minera está la formalización de sus actividades –caso distinto a la minería ilegal- siempre que se cumplan los estándares sociales y ambientales existentes.

Asimismo, el uso de la fuerza pública debe ser acorde con los estándares internacionales de proporcionalidad, necesidad y precaución para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos, no podemos aceptar el uso de la fuerza letal para contener reclamos sociales.

La opción de militarizar el conflicto no garantizará la seguridad pública, más bien puede generar una escalada de violencia, más aún si el Decreto Legislativo 1095 -cuya inconstitucionalidad ha sido demandada ante el Tribunal Constitucional- ampara el uso excesivo de la fuerza y existen mecanismos de impunidad ante eventuales violaciones a derechos fundamentales.

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