El informe anual asevera que la vida política en el Perú durante 1998 estuvo marcada por el continuo deterioro del estado de derecho y de la institucionalidad democrática como parte de una estrategia de perpetuación en el poder del gobierno del presidente Alberto Fujimori. Persistieron serios problemas de violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, pr ctica sistem tica de tortura inhumanos tanto a detenidos como a jóvenes que cumplen el Servicio Militar Obligatorio, así como amenazas contra la libertad de expresión. Por otra parte, en tanto cientos de presos inocentes acusados de terrorismo no han sido liberados aún y los liberados no han sido indemnizados, agentes estatales responsables de las violaciones de derechos humanos gozan de impunidad. Los derechos económicos, sociales y culturales de los peruanos sufrieron las consecuencias de la recesión y la falta de empleo.

En 1997 si bien disminuyó el número de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, se mantuvo la alta incidencia de torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas, así como de acciones ilegales por parte del Estado. Entre éstas, la intervención en el poder judicial y el Ministerio Público y la emisión de normas que limitan tanto iniciativas de democracia directa, como las actividades del Tribunal Constitucional. Por otra parte, los grupos subversivos continuaron operando en distintas zonas del país, pese a su debilidad y falta de apoyo social. Se asegura que el proceso de paz está inconcluso y que requiere la implementación de mecanismos tanto para superar la cultura de la violencia existente en el país, como para instaurar el equilibrio de poderes y controlar los excesos de un gobierno autoritario.