REFLEXIONES PERUANAS 3: ¿QUIEN
PROMUEVE EL DESGOBIERNO EN PUNO?
Wilfredo Ardito Vega
Jefe del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Si usted vive en Lima y el ataque a diez discotecas de Juliaca
le ha parecido otra inexplicable manifestación de barbarie
puneña, le conviene darse una vuelta por la avenida
Petit Thouars, en el céntrico barrio de Lince. Allí
desde hace años, todos los días, a la hora del
almuerzo, decenas de vehículos invaden las veredas
ante la cebichería “El Mordisco”, obligando
a los transeúntes a caminar por la pista. Los guardianes
del local bloquean con ademanes agresivos el tránsito
para que puedan entrar y salir los automóviles. Muchas
veces, quienes se retiran manejando se encuentran ebrios.
Toda la escena se produce ante un policía uniformado,
que presta servicio de custodia al mencionado local. A los
vecinos que se quejan por los abusos, se les dice que el local
está autorizado para ocupar las veredas.
En cualquier ciudad del Perú se aprecian escenas similares:
bares que funcionan en la puerta de un colegio y gozan de
protección policial (los bares, no el colegio); discotecas
donde se permite el ingreso de menores de edad, se vende droga
y/o se practica la prostitución; locales nocturnos
donde no existe ninguna medida de seguridad (recordemos las
tragedias de Santa Anita y el Jockey Plaza en Lima). La población,
especialmente, los padres de familia, se queja por la proliferación
de estos locales, que normalmente no tienen ni siquiera licencia
de funcionamiento, pero las escasas autoridades municipales
que intentan clausurarlos se hallan bloqueadas por acciones
de amparo, concedidas por magistrados obsecuentes.
En el caso de Juliaca, además de todo el panorama descrito,
el propio Subprefecto ha declarado que los propietarios de
cien locales clandestinos han formado una mafia y que inclusive
lo han amenazado de muerte. Otras versiones sostienen que
Miguel Ramos, el alcalde, era propietario del depósito
de cerveza que abastecía a los locales clandestinos
y también fue saqueado.
Con las autoridades paralizadas, existía un serio descontento.
Dichos locales generaban peleas callejeras, violaciones, asaltos
y problemas de inseguridad y delincuencia. Finalmente, el
domingo pasado, el detonante del estallido popular fue la
muerte del comerciante Jacinto Mamani Yucra, quien fue arrojado
por el guardián de la discoteca Mina de Oro a la pista,
donde pereció arrollado por un camión. La población
indignada atacó algunos de los locales clandestinos…
y la policía llegó para enfrentarse con ella,
con una energía que nunca había tenido para
actuar frente a los delitos asociados a dichos establecimientos.
Algunos medios han cubierto lo ocurrido como una manifestación
de “desgobierno”. ¿Habría preguntarse
cómo podía calificarse a la existencia impune
de estos locales durante varios años? El desgobierno,
en realidad, se produce cuando el Estado incumple sus roles
fundamentales: las municipalidades no logran regular el funcionamiento
de los locales nocturnos, la policía no protege a la
población, el Poder Judicial no sanciona a los delincuentes.
El Subprefecto y el Alcalde, han señalado que se trató
simplemente del resultado lógico del descontento. De
esta forma, están reconociendo que la población
está logrando enfrentar un problema frente al cual
ellos son impotentes.
Diecinueve personas siguen detenidas por su participación
en los disturbios, mientras los vecinos de Juliaca, de todos
los sectores sociales, sostienen que deberían salir
en libertad, “porque estaban actuando para proteger
a su comunidad de la delincuencia”.
Estos hechos nos recuerdan el contexto en que surgieron las
rondas campesinas en Cajamarca. Los campesinos denunciaban
a los abigeos, pero éstos eran protegidos por una mafia
de Jueces y Policías, que utilizaban la legalidad para
ponerlos en libertad. Finalmente, los campesinos decidieron
formar sus propias patrullas y sancionar a los abigeos que
capturaban. Con el paso de los años, las rondas campesinas
han asumido distintos casos, desde un problema de alimentos
hasta el reparto de una herencia. En las zonas rurales de
Puno, los campesinos también han conformado rondas
para protegerse de la delincuencia. A mediados de este año,
las rondas campesinas han logrado que su derecho a administrar
justicia sea reconocido por la Corte Suprema.
¿Es la solución para Juliaca que se formen rondas
urbanas, como en otros lugares del país? ¿O
sería demasiado exigir que las autoridades cumplan
su obligación? En el Perú, contar con eso pareciera
una aspiración ingenua. Actualmente, en otro lugar
del país, la provincia de Alto Amazonas lleva ya nueve
días en huelga, sin que las autoridades nacionales
se preocupen por conocer sus reivindicaciones. ¿Qué
deberá suceder para que sean escuchados? Desde Lince
hasta Yurimaguas, muchos peruanos sienten que viven una situación
de desgobierno, donde, ante la pasividad o complicidad de
las autoridades, el más fuerte logra imponerse. ¿Llegará
el día en que los ciudadanos peruanos sean tratados
como seres con derechos?
Lima, 3 de noviembre de 2004
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