REFLEXIONES PERUANAS N 10: QUIÉN
MALTRATA A LOS QUE VIVEN LEJOS DE LARCOMAR
Publicado el 21/11/2004
Como ocurrió cuando fue cancelado el programa “La
Paisana Jacinta”, la multa a la discoteca Aura, en el
centro Larcomar, ha significado una gran satisfacción
a muchos ciudadanos que luchan por una sociedad más
justa. Ni el abolengo ni las vinculaciones del propietario,
Francisco Belaúnde, pudieron impedir una multa de 112,000
soles (más de 30,000 dólares), la más
elevada aplicada por Indecopi a un local racista.
Sin embargo, la existencia de estos establecimientos manifiesta
solamente una parte de un fenómeno mucho más
extendido y arraigado de lo que desearíamos aceptar.
Después de todo, acudir a un centro de diversión
privado es una decisión voluntaria, pero millones de
peruanos que viven en las zonas rurales se ven maltratados
en establecimientos a los que obligatoriamente deben acudir:
las dependencias estatales.
Desde las postas médicas hasta los colegios, el campesino
andino es visto como un ser inferior, al que se puede humillar
con la mayor impunidad. Obstetrices, profesores o policías
ridiculizan su forma de hablar y de vestir, se burlan de sus
creencias y los tratan como tontos o ignorantes. Creen que
pueden tutearlos, tengan la edad que tengan, mientras esperan
ser tratados de usted. No pierden la oportunidad de mostrar
el fastidio que les produce tener que trabajar en ese lugar...
y especialmente con ellos.
Con excepciones destacables, la mayoría de agentes
estatales se comportan como si su función no tuviera
mayor relación con los campesinos: ni los maestros
se preocupan por su educación, ni las enfermeras por
su salud ni los policías por su seguridad. Muchos campesinos
los perciben como personas que cobran un sueldo y se creen
con derecho a tratarlos mal. Cuando los campesinos no hablan
castellano, el maltrato es mayor, sea hacia nativos amazónicos
o comuneros de lengua quechua.
El menosprecio que sufren los campesinos es un factor que
debe ser tomado en cuenta al analizar diversos procesos sociales.
Por ejemplo, en el indignante caso de los ronderos de Moyobamba,
uno de los factores que incidió en su injusta condena
fue el profundo desprecio que sentían hacia ellos los
magistrados. Precisamente, la expansión de las rondas
campesinas, desde Cajamarca hasta Carabaya, nos revela que,
ante el desinterés del Estado por proporcionar seguridad
y justicia a los campesinos, ellos se han visto obligados
a asumir esta tarea... con mucho más éxito.
En estos dos últimos temas, se advierte la responsabilidad
de todo el aparato estatal: la legislación peruana
considera que la mayoría de crímenes que se
cometen contra los campesinos no ameritan sanciones severas,
“por su escasa gravedad”, según cuantías
elaboradas pensando en el poder adquisitivo de los sectores
urbanos. Sin embargo, también la comisión de
delitos graves es apreciada con indolencia por las autoridades:
el alcohol metílico se transporta y vende ante sus
ojos, pero como es un producto que sólo consumen los
campesinos, pero ni policias ni fiscales consideran su deber
hacer cumplir las leyes que lo prohiben. Ni siquiera existe
preocupación por traducir las leyes a sus idiomas.
Lo más terrible, claro, es que los funcionarios públicos
asesinen campesinos y para ello no es necesario remontarnos
a los autoritarios tiempos de Belaúnde, García
o Fujimori. El pasado 27 de noviembre se cumplió un
año de la muerte de Efraín Arzapalo, presidente
de la comunidad de Matacancha (Junín). Arzapalo protestaba
con otras comunidades contra la contaminación por relaves
mineros del lago Chinchaycocha, cuando murió de varios
disparos en el pecho realizados por la policía, empeñada
en desbloquear la carretera. Este año se han producido
cinco casos similares: Enrique Mega, en Pucalá; el
rondero piurano Reemberto Herrera, que participaba en una
protesta contra la empresa minera Majaz y los campesinos Nicolás
Gonzales, Florencio Quispe y Mauro Surco asesinados por la
espalda en San Gabán.
Estas muertes tienen una lamentable similitud con las producidas
durante el conflicto armado interno: los policías que
matan campesinos se encuentran convencidos de que nunca tendrán
que rendir cuenta por la vida de sus víctimas. En lo
que va del régimen de Toledo, parecen no estar equivocados.
Evidentemente, a locales racistas como The Line, Masai o
Machaska, no podrían ingresar una obstetriz de Acobamba,
un profesor del río Paranapura o un policía
de San Gabán. Sin embargo, en estos peruanos se manifiesta
también el mismo desprecio hacia quienes consideran
inferiores. Por ello, enfrentar este problema no sólo
es tarea de Indecopi, sino de todo el Estado y la sociedad,
si queremos una sociedad donde exista una convivencia pacífica.
El racismo y la discriminación no sólo afectan
los derechos del consumidor, sino que ponen en juego el ejercicio
de todos los derechos fundamentales.
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