REFLEXIONES PERUANAS No. 18: ¿TODAVÍA SEGUIMOS EN LOS TIEMPOS DE MARIANITO?

Publicado el 13/01/2005

Ancón, verano de 1956. Jactancioso y distraído, maniobra su yate Mariano Prado Sosa, llamado Marianito, hijo del dueño del próspero Banco Popular y sobrino nieto del ex Presidente Manuel Prado. En su imprudencia, ingresa al área donde se encontraban los bañistas y mata con su embarcación a una joven. Aunque la familia de la víctima era de clase media, las influencias familiares logran que el proceso penal contra Marianito sea archivado. A los pocos meses, su tío Manuel es elegido nuevamente Presidente.

Costa Verde, 11 de diciembre del 2004. Ocho universitarios son atropellados por Celso Pastor Belaúnde, sobrino del difunto Presidente Belaúnde y cónsul honorario de Finlandia, en estado de ebriedad. Las leyes ordenan su inmediata detención, pero los policías de la Comisaría de Miraflores permiten que salga en libertad y huya de la justicia.

Han pasado casi cincuenta años desde el incidente en Ancón y, lamentablemente, todavía la posición social, el apellido o el color de la piel parecen seguir siendo importantes para definir la actuación de las autoridades cuando se comete un delito. La concepción de que todos los peruanos somos iguales ha estado presente en las doce Constituciones peruanas, pero no ha sido internalizada por los funcionarios estatales y esto es visible especialmente en las instituciones a cargo de la seguridad de los ciudadanos.

Quizás habría que recordar que cuando se consolidan las fuerzas policiales, en las primeras décadas del siglo XX, no estaban pensadas para actuar al servicio de la ciudadanía, sino de los sectores dominantes, es decir para proteger a unos peruanos de otros. La policía actuaba obedientemente para reprimir una movilización por la jornada laboral de ocho horas, o a unos campesinos descontentos con el despojo de sus tierras. En todo caso, a la llamada “ciudadanía” pertenecían en aquellos días, muy pocos peruanos.

La migración, la expansión de la educación, la Reforma Agraria, modificaron la estructura de la sociedad peruana, pero, a pesar de ello, muchos uniformados todavía dividen a los ciudadanos entre aquellos a quienes se les teme y aquellos de los que se puede abusar. La peor prueba de ello ocurrió durante los años ochenta, cuando se perpetraron en Ayacucho crímenes cuyos autores jamás habrían imaginado cometer en Surco o Pueblo Libre.

Una muestra más reciente, igualmente trágica e injusta, ha sido la muerte de Christian Venancio el pasado miércoles 5 durante un operativo dispuesto por la Municipalidad de San Isidro para reprimir a los vendedores ambulantes que “afean” la avenida Javier Prado. Jamás un policía municipal o un sereno pensaría en tocar o alzar la voz frente a un vecino del distrito, pero a un indefenso vendedor de agendas, los efectivos asumieron que podían maltratarlo con toda brutalidad. Varios vendedores han mostrado cicatrices y hematomas producto de otros operativos municipales... y es frecuente que en varios distritos estos protectores de los vecinos roben impunemente a los vendedores su mercadería.

En las zonas rurales, la situación es aún más grave: el año 2004 los campesinos Enrique Mega (Lambayeque), Reemberto Herrera (Piura), Florencio Quispe, Mauro Surco y Nicolás Gonzales (Puno), murieron asesinados por efectivos policiales. A diferencia de lo ocurrido con Christian Venancio, no ha habido detenciones, ni entrevistas en televisión a los familiares, ni demandas por indemnización.

En general, para muchos campesinos su experiencia durante el régimen de Toledo es que la policía no defiende sus derechos, sino a los grupos locales de poder. Por ejemplo, muchos habitantes de Huamachuco, Quiruvilca y Tayabamba, en la olvidada sierra de la Libertad, se quejan de que se destinan amplios contingentes policiales para proteger a las empresas mineras que allí funcionan, mientras ellos se encuentran inermes ante los abigeos y otros delincuentes. Solamente en casos excepcionales, como Bambamarca y Chota, se aprecia que la policía respeta a la población rural y coordina con las rondas campesinas.

Al otro lado del espectro social, pretender intervenir ante un delito puede inclusive suscitar indignación o violencia. Hace unos meses, dos policías acudieron a comprobar las denuncias por discriminación racial en el local Masai de la avenida Conquistadores, en San Isidro. Uno de los dueños salió a gritarles a ellos y a los denunciantes, logrando amedrentar... a los policías. Como usted supondrá, éstos, por sus rasgos físicos, se encontraban entre los peruanos a los que no se les permitía ingresar.

En un reciente sociodrama, unas mujeres policías mostraban que algunas personas de clase alta, no sólo se niegan a aceptar una sanción, sino que inclusive les parece una insolencia que una de ellas se atreva a darles indicaciones. He sabido de varios infractores a normas de tránsito que han buscado usar sus influencias políticas para vengarse de los y las “insolentes”.

El inicio del año 2005 ofreció una nueva muestra: un establecimiento en una playa del sur de Lima fue incendiado y saqueado, lo cual implicaría una pena de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, el origen social de los involucrados ha permitido que no sean procesados por estos delitos. Se acepta la justificación de que habían sido estafados por los organizadores de una fiesta, con una permisividad que jamás se aplica cuando los autores de un delito pertenecen a otro sector de la población.

En el interior de todas las instituciones públicas (y también de la prensa) es urgente una reflexión para tratar a los ciudadanos según sus actos, no su ubicación social o sus rasgos físicos. No permitamos que mientras unos saquean e incendian impunemente, otros sean asesinados por vender agendas. No permitamos que nuestro país sea una democracia ficticia, como lo era en los tiempos en que Marianito Prado se paseaba en su yate ante las playas de Ancón.