REFLEXIONES PERUANAS No. 22: NO LOS
DEJAN CASARSE, NI VOTAR, NI PRESENTAR DENUNCIAS POLICIALES...
Y CADA VEZ SON MÁS
Publicado el 31/01/2005
Todos sabemos que muchos de nuestros compatriotas son explotados
por mafias en países como España o Estados Unidos
y que su condición de ilegales les hace imposible reclamar
a las autoridades. Sin embrago, muchas veces ignoramos que
a muchos peruanos su propio Estado les ha retirado la condición
de ciudadanos, empujándolos a una situación
de clandestinidad y vulnerabilidad.
Aunque la Constitución reconoce nuestros derechos,
en la práctica, es imposible ejercerlos si no nos podemos
identificar. Hasta el gobierno de Fujimori, quien alcanzaba
los dieciocho años obtenía la Libreta Electoral,
que tenía carácter permanente. Como muchos recordamos,
nadie se quedaba con la misma libreta toda la vida: se cambiaba
el documento en caso de extravío o deterioro, al llenarse
todos los espacios asignados para las elecciones o para precisar
un cambio de domicilio. Todos estos trámites eran gratuitos
y dependían de las circunstancias personales del ciudadano.
El régimen fujimorista reemplazó el derecho
a contar con Libreta Electoral gratuita y permanente por la
obligación de pagar por un DNI de carácter temporal,
con validez de apenas seis años. Este proceso se llevó
a cabo en un contexto por demás sórdido: poco
antes se había obligado a los peruanos a sacar otro
documento, la Libreta Electoral Mecanizada. Luego, se anunció
que ésta no tenía validez, por lo que obtener
el DNI era la única alternativa para identificarse.
En realidad, el ahora prófugo Julio Vargas Prada, Jefe
de la RENIEC, había organizado un fraude millonario
con la emisión de documentos de identidad.
La verdad es que muchos peruanos jamás han podido
obtener el DNI. Un buen porcentaje reside en el exterior y
debe afrontar el elevado precio de los trámites consulares
(además del costo del viaje hasta los escasos consulados).
Mayores restricciones afectan a los habitantes de las zonas
rurales, quienes deben viajar varios días para llegar
a las oficinas de la RENIEC en las capitales de provincia.
Muchos de ellos, además, enfrentan una serie de dificultades
adicionales. Hay quienes jamás fueron inscritos en
los registros civiles. En otros casos, los registros fueron
destruidos durante la violencia política. Requisitos
como fotografías, copias legalizadas o pagos en el
Banco de la Nación son imposibles de cumplir o sumamente
onerosos para muchos campesinos andinos y nativos amazónicos...
Por si fuera poco, el carácter provisional del DNI
lleva a que, pasados seis años, deba repetirse el desgastante
proceso.
Los privilegiados portadores de DNI difícilmente podemos
imaginar cómo logra sobrevivir una persona sin este
documento: no puede trabajar formalmente, adquirir una propiedad,
casarse, presentar una denuncia o una demanda, ni tampoco
inscribir a sus hijos. Hasta hace unos días, era legal
que fueran detenidos indefinidamente, si la policía
los consideraba sospechosos (y acaso esto sea realidad si
no se modifica el Código Procesal Penal antes del 1º
de febrero del próximo años).
Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿puede ser constitucional
impedir a millones de peruanos ejercer sus derechos fundamentales
por no haber podido canjear el DNI o no haber podido renovarlo?
¿Es posible despojar de la condición de ciudadanos
a los más pobres, en nombre de la seguridad jurídica?
En algunos discursos oficiales se alude a la supuesta “irresponsabilidad”
de la población. Habría que preguntarse si no
fue irresponsable el propio Estado al generar obligaciones
adicionales y onerosas para los ciudadanos.
No puedo negar que a veces abrigo la terrible sospecha de
que a un sector de la clase política ha generado o
aceptado este siniestro fenómeno de forma intencional:
privar a los más pobres de participación política,
para evitar que puedan hacer realidad sus demandas.
Sin embargo, cuando un Estado impide a sus ciudadanos emplear
las vías legales para ejercer sus derechos, termina
dejándoles como único recurso la violencia.
Ahora cuenta usted con un factor adicional que está
presente en linchamientos, tomas de carreteras y demás
manifestaciones de frustración que se producen en las
zonas rurales y también en algunas ciudades. Por eso,
por su propia sobrevivencia, la lucha contra la indocumentación
debería ser una preocupación de todos los políticos.
Ellos lo tienen en sus manos: el año pasado, el congresista
José Luis Risco propuso la solución más
simple, que el DNI sea gratuito y permanente (Proyecto de
Ley 9698). Es preciso hacerlo pronto, antes que en muchas
zonas de nuestro país, los habitantes sean en su mayoría
peruanos clandestinos y descontentos. |
