Reflexiones Peruanas No. 25: ¡POR
FIN LIBRES!..., PERO MAYORES CONFLICTOS SE AVECINAN
Publicado el 10/02/2005
Si usted siguió con preocupación el caso del
periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina
Josefa Adrianzén, le aliviará saber que ambos
dejaron la cárcel de Huancabamba el pasado 3 de febrero,
después de más de un mes de injusta prisión.
Sin embargo, el día anterior, la empresa Monterrico
Metals anunció desde Londres que había encontrado
cobre en las alturas de Huancabamba... Como usted imaginará
entonces, los conflictos sociales recién están
comenzando en esta provincia piurana.
Ibáñez y Josefa Adrianzén tuvieron que
salir de la cárcel protegidos por un cerco policial
y una delegación de autoridades locales. La razón
es que, desde radio Centinela, el locutor Dúber Mauriola
profería sus ya habituales arengas, intentando convocar
una turba que atacara a los liberados. Felizmente, no ocurrió
ningún hecho que lamentar, aunque la señora
Josefa no pudo regresar a su vivienda, para evitar que ella
o sus pequeños hijos fueran agredidos por personas
ligadas a la empresa Majaz, la subsidiaria en el Perú
de Monterrico Metals.
Recientemente, el Ministro de Energía y Minas realizó
una invocación para que las empresas mineras establecieran
una adecuada relación con la población local.
Para ello, el caso de Majaz es el mejor ejemplo de cómo
NO debe comenzar una actividad minera. La empresa pretende
intervenir en los frágiles bosques de neblina, que
en sí mismos son una importante fuente de agua. Sus
actividades terminarían afectando el caudal y la calidad
de los ríos Huancabamba, Chira, Piura, Quiroz, entre
otros. Los campesinos que pretendieron en abril pasado subir
hasta el lejano campamento de Majaz refieren que varias áreas
ya han sido depredadas por los trabajos de exploración.
Otro tema que no ha tomado en cuenta Majaz es el derecho
fundamental de los ciudadanos a dar su opinión sobre
los temas que les afectan directamente. Es verdad que se ha
negociado con dirigentes campesinos de las zonas más
cercanas al yacimiento minero, pero la población que
podría ser perjudicada es mucho más numerosa.
No es imposible establecer un diálogo entre una empresa
minera y la población: experiencias como la de Tintaya
(Cusco), muestran como puede fijarse, de manera conjunta y
respetuosa, indemnizaciones, acuerdos y soluciones armónicas.
Hace pocos días, también se ha logrado en Hualgayoc
(Cajamarca) que los campesinos participen en el monitoreo
de los relaves.
Sin embargo, en Huancabamba la empresa británica todavía
no ha alcanzado el punto inicial para un diálogo: aceptar
que los campesinos pueden ser interlocutores válidos,
a pesar de su pobreza y vulnerabilidad. Esa imposibilidad
de percibir a los pobres como ciudadanos, subyace a diversas
situaciones de confrontación que ocurren en el país.
Siguiendo criterios del tiempo de las haciendas, el campesino
es visto como un ser sin criterio propio, manipulable por
curas, ONGs o partidos políticos. Lamentablemente,
estas percepciones se han manifestado en el propio Estado,
debilitando su legitimidad ante la población rural.
Un recuento no exhaustivo de los últimos diez meses
permite comprender, además, que el problema de Huancabamba
no es “la mala imagen de la actividad minera”,
sino hechos concretos: el asesinato del rondero Reemberto
Herrera durante las protestas de abril; la descabellada denuncia
por terrorismo contra un sacerdote y varios agentes pastorales;
las campañas de difamación de Dúber Mauriola
contra todos los opositores a la actividad minera; la destrucción
de la radio La Poderosa, en el mes de noviembre, por su respaldo
al medio ambiente; la golpiza y vejámenes sufridos
por Ibáñez y la señora Adrianzén
por parte de una turba.
Un factor en favor de Majaz ha sido el aislamiento de Huancabamba.
La capital de la provincia se encuentra a nueve horas de Piura,
por una carretera en estado calamitoso. Los medios de comunicación
no han cubierto las marchas, protestas o acciones cívicas,
como sí ocurría con Tambogrande o el cerro Quilish.
Este aislamiento ha sido aprovechado para reiterar acusaciones
irresponsables, como que el rechazo hacia la empresa es promovido
por terroristas (cualquiera que conozca el PDS, agrupación
a la que está ligada la señora Adrianzén,
sabrá que el terrorismo no es uno de sus defectos).
En este contexto, resulta interesante anotar que el 27 de
enero, la Conferencia Episcopal de Guatemala demandó
el cese de las concesiones mineras en todo el país,
debido a los daños ecológicos y conflictos sociales
que generan. Ese pronunciamiento coincide con el que emitió
el pasado 1º de mayo el Obispo de Chulucanas, en cuya
jurisdicción se encuentra Huancabamba. En ambos países,
estos pedidos se explican por la debilidad (o el tradicional
desinterés) de las autoridades para promover efectivamente
el respeto al medio ambiente y los derechos de los campesinos.
Una muestra de esta debilidad es la ausencia de sanción
para todos los delitos cometidos en Huancabamba contra quienes
se oponen a la actividad minera. Actualmente, la estrategia
parece ser mantenerlos amedrentados mediante una confluencia
de ataques radiales, procesos judiciales y hordas agresivas...,
pero así se puede generar una violencia incontrolable.
Como anteriormente hemos indicado, en este conflicto, las
eventuales ganancias serán para los accionistas ingleses.
Para los piuranos serán los enfrentamientos, el temor
y eventualmente la muerte. ¿Es sobre esa base que pretende
realizar sus actividades Monterrico Metals? |
