Reflexiones Peruanas Nº 31: JUSTICIA
GRATUITA PARA LOS DISTRITOS MÁS POBRES
Publicado el 11/03/2005
Quien visita Lambayeque y disfruta de impactantes museos,
agradables playas y excelente comida, no imaginaría
que en este pequeño y acogedor departamento existen
dos distritos cuya población habla quechua y vive casi
a tres mil metros de altura en aislamiento y extrema pobreza.
Incahuasi y Cañaris parecen un enclave del Trapecio
Andino en pleno norte del Perú, con indicadores de
esperanza de vida, analfabetismo o escolaridad, que causan
sorpresa a los propios lambayecanos.
Para los habitantes de ambos distritos, como para miles de
personas pobres de las zonas rurales, cualquier trámite
ante una entidad pública resulta casi imposible de
llevar a cabo, debido a las barreras lingüísticas,
geográficas y económicas que deben enfrentar...
y acaso no había entidad más inalcanzable que
el Poder Judicial, donde los procesos más simples pueden
implicar centenares de soles en los llamados aranceles judiciales.
Sin embargo, el pasado 7 de enero, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial decidió exonerar del pago de aranceles
a los vecinos de Incahuasi y Cañaris, y otros 370 distritos.
Esta resolución se une a varias medidas similares emitidas
en los últimos tres años, abarcando hasta la
fecha más de 530 distritos en extrema pobreza. En algunos
casos, se encuentra exonerada la totalidad de una provincia,
como Acomayo y Chumbivilcas (Cusco), Requena (Loreto) y Julcán
(La Libertad). Goza también de este beneficio casi
todo el departamento más pobre del país, Huancavelica.
Entre los distritos incluidos en esta medida podemos encontrar
nombres como Totos, Cayara, Lucanamarca, Ayahuanco, Accomarca,
conocidos por quienes trabajan en derechos humanos por la
terrible violencia que padecieron sus habitantes. De hecho,
algunos magistrados y congresistas ayacuchanos han planteado
que todo el departamento debería estar exonerado de
aranceles judiciales, como una forma de reparación
por parte de un Poder Judicial que en la abrumadora mayoría
de casos, mantuvo muchos crímenes en la impunidad.
Resulta interesante también que se ha dispuesto la
gratuidad de los trámites judiciales en varios lugares
donde, por cultura o por necesidad, la población ha
desarrollado sus propios mecanismos de administración
de justicia. Probablemente los ronderos de Cutervo, los aguarunas
del Alto Marañón o los asháninkas del
río Tambo prefieran continuar resolviendo de manera
autónoma sus conflictos, pero, en caso que se vean
forzados a acudir al Poder Judicial, es bueno que sepan que
no les corresponde pagar ningún arancel.
Evidentemente, la exoneración no suple los costos
indirectos de una demanda judicial, como los viajes al local
del Juzgado o los honorarios del abogado. Sin embargo, resulta
interesante que unos días antes fue promulgada la Ley
28439, que precisamente elimina de los procesos de alimentos
la necesidad de firma de un abogado y hace mucho más
expedita la resolución del juicio.
Ahora que los vecinos de Anchonga o Huamachuco tienen, por
fin, algún privilegio respecto a los demás peruanos,
el asunto de fondo es si las instituciones públicas
deberían cobrar a los ciudadanos por desarrollar su
función. Desde el régimen de Fujimori, los peruanos
nos hemos visto abrumados por múltiples pagos ante
la administración pública. Es cierto que las
campañas focalizadas de la RENIEC o la solicitud de
auxilio judicial benefician a algunos ciudadanos. Sin embargo,
en la mayoría de casos, derechos fundamentales como
la posibilidad de identificarse y obtener justicia se vuelven
imposibles de ejercer por los más pobres. El Seguro
Integral de Salud es una valiosa iniciativa con varios millones
de afiliados, pero no cubre casos como enfermedades crónicas
o problemas de salud mental.
El Estado termina dejando en los ciudadanos el sostenimiento
de muchas entidades públicas: para la ONPE cada persona
multada por no votar implica un ingreso, muchos hospitales
se financian gracias a sus polémicas “clínicas”
y el bono que reciben los magistrados titulares proviene de
los aranceles judiciales. Una verdadera reforma del Estado
debería implicar, por lo tanto, una reorientación
del gasto público, que deriva precisamente de los aportes
de los contribuyentes. Actualmente la compra de armamento,
el pago de la deuda externa o las desmedidas remuneraciones
de algunos funcionarios, tienen más prioridad que garantizar
a los ciudadanos el disfrute de sus derechos fundamentales.
Entretanto, sería oportuno que las demás entidades
estatales tomaran en cuenta el listado de distritos exonerados
por el Poder Judicial para establecer políticas similares.
Debería disponerse, por ejemplo, que los habitantes
de Cañaris, Incahuasi y los otros 530 distritos tienen
derecho a recibir de manera gratuita el DNI. Sería
una buena forma de demostrar un compromiso por la inclusión,
no sólo de uno de los poderes del Estado, sino de toda
la administración pública.
Quienes deseen el cuadro completo de los distritos exonerados
pueden dirigirse a Gorge Farfán a gorge@idl.org.pe.
Quienes requieran material para trabajar en los colegios
el tema del racismo (RP 29), pueden acudir a Ipedhep (461-0867)
y consultar a Elva María Arangüena. Pueden también
esperar al manual para jóvenes que estamos preparando
los empeñosos integrantes de la campaña Basta
de Racismo.
Quienes anhelan aprender quechua y todavía no encuentran
profesor (RP 30), pueden entrar a www.yachay.com.pe/especiales/quechua/
Es la página de mi runasimi yachachiq, Demetrio Túpac
Yupanqui (420-5037), quien ahora está traduciendo El
Quijote al quechua. |
