Reflexiones Peruanas Nº 35: ¿Y,
PRECISAMENTE AHORA, QUIEREN HACER EL VOTO VOLUNTARIO?
Publicado el 04/04/2005
Hace un año, mientras en Lima nadie se enteraba o
quería enterarse, millares de campesinos de la provincia
de El Collao marchaban todos los días por las calles
de la entonces poco conocida capital, Ilave, para protestar
enfurecidos contra el alcalde Fernando Robles. Los vecinos
de la ciudad también lo acusaban de corrupto y arrogante
y de contratar funcionarios municipales que no eran puneños.
Un año después del cruel asesinato del alcalde,
aún no se sabe si dichos cargos eran justificados.
Sólo podemos estar seguros del extendido rechazo que
Robles inspiraba en la población.
Pero, ¿no habían acaso votado por él?
En realidad, la abrumadora mayoría no lo había
hecho. A lo largo del año pasado, muchos conflictos
similares se produjeron, desde Lagunas hasta Cutervo y desde
Bagua hasta Ayaviri. Un arquitecto de Caraz recuerda: “El
alcalde fue elegido con el 17% de los votos. Por lo tanto,
tenía al 83% de la población en contra”.
El número elevado de candidatos que se presenta contribuye
a diluir el voto y a que el ganador simplemente alcance una
mayoría mínima.
Muchos electores ni siquiera pueden votar, porque no han
podido renovar su DNI, por razones económicas. Debe
además agregarse el creciente fenómeno de los
“votantes golondrinos”, a quiénes un candidato
paga para que hagan su cambio domiciliario a una jurisdicción
donde no viven. El día de las elecciones, el candidato
les paga el viaje y, después de sufragar y cobrar,
los golondrinos jamás regresan, dejando a los residentes
la tarea de enfrentar al electo burgomaestre. Por si no lo
sabía, un distrito donde este sistema está arraigado
es nuestra imagen internacional: Macchu Picchu.
Frente a un alcalde sin respaldo de la población,
pueden bastar las primeras acusaciones para que aquélla
se vuelque a las calles, intente tomar la municipalidad o
inclusive agredirlo físicamente. En Caraz, después
de muchas tensiones, se logró legalmente la vacancia
del alcalde Roberto Espejo. En otros lugares, los problemas
continúan, sin muchas salidas en la actual legislación,
que prohibe la renuncia de los alcaldes.
Ante este panorama, nada podría atentar más
contra la gobernabilidad de muchos lugares del Perú
que reducir aún más el número de votos
con que una autoridad puede ser elegida, eliminando la obligación
de votar en las elecciones. En realidad, se olvida que el
voto no sólo es un derecho de los ciudadanos, sino
la responsabilidad de reflexionar una vez cada cinco o cuatro
años sobre el Presidente o el Alcalde que es más
conveniente.
Muchas veces, el Estado obliga a los ciudadanos a cumplir
acciones que son buenas para ellos mismos, como ponerse el
cinturón de seguridad, o para su familia, como en un
juicio de alimentos. En el caso del sufragio obligatorio,
es fundamental para la vida social, precisamente porque el
desencanto generalizado hacia los políticos podría
generar un marcado ausentismo.
Además, para muchas personas, el voto es el único
acto en que se sienten ciudadanos. Cuando en muchas actividades
solicito a los participantes, sean campesinos o universitarios,
que enumeren sus deberes ciudadanos, la abrumadora mayoría
sólo logra referirse al sufragio. Acatar las leyes,
respetar el derecho ajeno o cumplir la palabra empeñada
no suelen ser percibidos espontáneamente como una responsabilidad,
porque “la sociedad” es una abstracción
frente a la que los peruanos no nos sentimos particularmente
obligados.
Además, en un país donde existen profundas
brechas sociales y una fuerte concentración de poder,
un sistema de voto facultativo es sumamente perjudicial. Durante
mis años en Guatemala, uno de los dos países
latinoamericanos con este sistema, advertí tal disociación
de los sectores populares respecto al Estado que la mayoría
de campesinos ni siquiera sabía el nombre del presidente
o qué se celebraba el 15 de setiembre (el día
de la independencia). De hecho, en el Perú ya se ha
afectado bastante el ejercicio de derechos de los más
pobres, al disponer que el DNI es un documento temporal, a
renovar cada seis años.
Pensando en estos sectores, creemos que sí sería
oportuna una reducción de las fuertes multas que actualmente
se imponen a quienes no votan. Otra posibilidad sería
establecer un monto menor para los habitantes de los distritos
más pobres (RP 31). En cualquier caso, es muy importante
precisar que el ejercicio de los derechos ciudadanos no puede
supeditarse a haber votado en las elecciones, y que un “no
votante” sigue siendo un ciudadano, con la posibilidad
de inscribir un hijo en los Registros Civiles o interponer
una denuncia penal.
La tragedia de Ilave y los numerosos conflictos municipales
fueron una advertencia que la gobernabilidad de centenares
de distritos y provincias requiere asegurar autoridades con
respaldo popular. Sería conveniente pensar en establecer
un porcentaje mínimo para ser elegido o una segunda
vuelta en las elecciones municipales. No es el momento para
experimentos electorales que puedan diluir la escasa conciencia
de ciudadanía que todavía persiste. Antes de
importar de manera acrítica normas de lugares distantes,
esperemos que los legisladores peruanos presten atención
la realidad del país.
En aras de mayor espacio, a partir de este número
de Reflexiones Peruanas, se emplearán las siguientes
abreviaturas, que algunos ya conocen.
AM: Amazonas AN: Ancash AP: Apurímac
AR: Arequipa AY: Ayacucho CA: Cajamarca
CU: Cusco HCO: Huanuco HVCA: Huancavelica
IC: Ica JU: Junín LL: La Libertad
LAM: Lambayeque LI: Lima LO: Loreto
MD: Madre de Dios MO: Moquegua PA: Pasco
PI: Piura PU: Puno SM: San Martín
TA: Tacna TU: Tumbes UC: Ucayali |
