Reflexiones Peruanas N° 37: IMPUNIDAD
DE UNOS, VACILACIÓN DE OTROS, INDIFERENCIA DE MUCHOS
Publicado el 15/04/2005
La noche del 19 de abril de 1991, el subteniente José
Luis Chávez Velásquez ordenó la detención
de seis profesores que caminaban por Huancapi, capital de
la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo. Al ver cómo
los detenidos eran golpeados, la esposa de uno de ellos, Honorata
Oré, intentó intervenir. Ella fue también
conducida con los demás a la base contrasubversiva
de esa localidad. Nunca volvieron a ser vistos con vida. Uno
de los elementos más trágicos de esta historia
es que los profesores acababan de desafiar a los senderistas
al inscribirse para las elecciones municipales, que aquéllos
querían boicotear. El otro, que la señora O!
ré se encontraba con ocho meses de gestación.
Catorce años después, por fin, existe una orden
de captura contra Chávez Velásquez, pero él
continúa su vida normal en Huamanga, ante la falta
de decisión de la Policía Judicial.
Si alguien tenía dudas sobre lo qué ocurrió
con los millares de desaparecidos entre 1983 y 1993, en enero
de este año, se encontró en el cuartel Los Cabitos
de Ayacucho el horno en que fueron incinerados los cuerpos
de centenares de detenidos. Al descubrirse los primeros restos
humanos, el Poder Judicial dispuso la captura de los responsables
de los crímenes cometidos en dicho cuartel, incluyendo
al General Clemente Noel, quien ordenó construir el
macabro horno. Indignado, Noel concedió varias entrevistas
ante la prensa en su residencia de San Isidro, pero sorprendentemente,
la Policía Judicial no pudo hallarlo. Falleció
a comienzos de marzo sin haberse enfrentado a la justicia.
Actualmente, los otros siete oficiales con órdenes
de captura por! los crímenes de los Cabitos no se han
molestado siquiera en pasar a la clandestinidad.
Estos procesos se enmarcan en el contexto del Informe Final
de la Comisión de la Verdad, que enumera una serie
de crímenes donde existía seguridad sobre la
responsabilidad de los autores y, por lo tanto, eran “judicializables”.
Naturalmente, este término es un neologismo difícil
de comprender para el común de las personas (especialmente
las víctimas que hablan un castellano incipiente),
y además resulta inadecuado, porque entablar un juicio
no es la meta para las víctimas o los organismos de
derechos humanos, sino sancionar a los responsables de los
crímenes.
Los procesos vienen avanzando, a pesar de los típicos
problemas de nuestro ordenamiento judicial: lentitud, formalismo,
falta de capacidad profesional, barreras lingüísticas
y geográficas. A ello se añaden las dificultades
propias de investigar un crimen cometido hace diez o veinte
años. Muchos testigos han fallecido, otros no pueden
recordar ciertos detalles. Sin embargo, a veces pareciera
que el pasado no está tan lejos, porque en los últimos
meses casi cincuenta testigos han sufrido amenazas. Luis Alberto
Ramírez, testigo de la muerte de varios universitarios
en Huancayo, sobrevivió en agosto pasado al tercer
intento de homicidio y ahora se encue! ntra oculto.
Lo más lamentable, sin embargo, es la indiferencia
del resto de la sociedad, que reitera así lo ocurrido
durante los años de la violencia. Los medios de comunicación
suelen reaccionar solamente cuando aparecen implicados Alberto
Fujimori o Alan García, lo cual genera que las investigaciones
judiciales terminen desacreditadas como si fueran maniobras
políticas. Entre tanto, los perpetradores directos
como José Luis Chávez, logran pasar desapercibidos
por la opinión pública.
Un caso bastante avanzado es el de Chuschi, donde días
antes de lo ocurrido en Huancapi, se produjo la desaparición
de tres autoridades y un adolescente. En el año 2003,
el Juez Mixto de Cangallo abrió proceso contra el militar
responsable, el mayor Collins Collantes. Durante la gestión
del Ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, las Fuerzas
Armadas se rehusaron a entregarlo a la justicia, con el argumento
que Collantes, entonces en servicio en Arequipa, no tenía
recursos para asumir su defensa. Posteriormente, la Justicia
Militar optó por detenerlo y procesarlo, para pretender
sustraerlo de la justicia civil. Collantes se encuentra en
el Penal Militar de Chorrillos y ! se ignora cuando será
entregado al fuero civil, como legalmente corresponde. En
cuanto a Mario Caldas, Jefe de la Base Militar de Cangallo,
adónde fueron conducidos los desaparecidos, continúa
viviendo en Jesús María, muy cerca de la Nunciatura,
sin preocuparse mucho por la orden de detención en
su contra.
Hace catorce años, la detención y desaparición
de la señora Honorata Oré, su esposo Julio Arotoma
y los demás profesores, conmocionó a Huancapi.
El próximo 19 de abril, la Municipalidad de Víctor
Fajardo les rendirá un reconocimiento póstumo.
Si en el resto del país hubiera mayor interés
por estos casos, la Policía Judicial se sentiría
más presionada para ejecutar la orden de captura de
José Luis Chávez, Mario Caldas o los oficiales
responsables de Los Cabitos. Lamentablemente, la vacilación
de algunos se sostiene en la indiferencia de muchos.
---------------------------------------------------
Si desea más información sobre este caso, puede
consultar el Informe Final de la Comisión de la Verdad
y las páginas web de Amnistía Internacional
y de Aprodeh, que ha asumido los procesos de Huancapi y Chuschi. |
