Reflexiones Peruanas Nº 38 :
¡YO SOLO QUIERO TRABAJAR!
Publicado el 24/04/2005
-¡Déjame trabajar, brother! declaró Jorge
Merino, propietario del bar Masai, al periodista de Frecuencia
Latina, que mostraba cómo se impedía ingresar
a negros, andinos y mestizos a su local de la avenida Conquistadores.
-¡Tenemos derecho a trabajar! gritaban en febrero los
airados taxistas de Trujillo. Siguiendo el ejemplo de Huamanga
y Huancavelica, la municipalidad de esa ciudad había
dispuesto convertir en peatonales algunas calles del contaminado
centro histórico. Acaso queriendo mostrar su disposición
respecto a los peatones, los taxistas terminaron arrollando
a dos policías en plena Plaza de Armas.
Desde los conductores de combi hasta los taladores de algarrobos,
desde los vendedores de medicinas vencidas hasta los choferes
que transportan contrabando, millares de peruanos emplean
el argumento que tienen la necesidad de ganarse la vida, para
rechazar cualquier regulación a sus actividades. Muchas
veces, lo que denominan trabajo genera serios perjuicios hacia
los demás o es abiertamente ilegal, pero eso no parece
importarles mucho.
Vivir en una sociedad implica aceptar una serie de reglas
mínimas de convivencia, que puedan permitir las mejores
relaciones entre los ciudadanos. En el caso de las actividades
económicas, el Estado debe dictar un marco normativo
para garantizar la calidad mínima de los servicios
y productos que se proporcionan. De allí provienen
las licencias de funcionamiento, los certificados sanitarios
y las inspecciones de Defensa Civil.
Muchas personas, sin embargo, perciben todas esas regulaciones
simplemente como una caprichosa limitación a su derecho
al trabajo. Es verdad que el trabajo es un derecho, pero en
el Perú todavía no hemos interiorizado una noción
fundamental respecto a los derechos humanos y es que el ejercicio
de éstos implica el deber de respetar el derecho ajeno.
Honestamente, quienes promovemos los derechos humanos no siempre
hemos puesto adecuado énfasis en los deberes de las
personas. Es más, palabras como "deber" y
"obligación" tienen aún una fuerte
carga negativa para muchos oídos peruanos.
Las actividades económicas que se realizan al margen
de las normas, generalmente llamadas informales, han sido
muchas veces consideradas la alternativa de los más
pobres. Sin embargo, la informalidad oculta también
verdaderos imperios económicos, como apreciará
cualquiera que se dé una vuelta por Mesa Redonda, Gamarra
o el Hueco.
También empresas poderosas, que pretenden ser formales,
emplean el argumento de que proporcionan trabajo a miles de
familias para pretender evadir la regulación estatal.
Lo hizo Lucchetti hace algunos años y ocurrió
en La Oroya en diciembre pasado cuando el Ministerio de Energía
y Minas pretendió exigirle a la empresa Doe Run que
cumpliera sus obligaciones hacia el medio ambiente. De manera
espontánea y sorpresiva se convocó a un paro
provincial en defensa de la empresa. Bloquear una carretera
sin duda perjudica a personas inocentes, pero hacerlo a cuatro
mil metros de altura es exponer a los viajeros a serios peligros
para su salud. El señor Aníbal Arbi de 60 años
y la señora Susana Pánez, de 84 años,
murieron de ataques al corazón cuando intentaban hacer
un transbordo. Ambas muertes no les preocupaban mucho a quienes
promovían el bloqueo. Finalmente, consiguieron su propósito,
pues el MEM retrocedió y dictó una norma especial
para favorecer a Doe Run.
Aún sin enfrentar semejantes medidas de fuerza, el
Estado muchas veces renuncia a su deber de hacer cumplir sus
propias normas. Todos los domingos, el diario El Comercio
publica ofertas de empleo con requisitos discriminatorios,
específicamente prohibidos por la Ley 26772, pero el
Ministerio de Trabajo no demuestra mayor interés en
sancionar a los anunciantes. Los cotidianos accidentes de
tránsito y carretera revelan la falta de voluntad de
las autoridades por hacer cumplir las normas existentes.
Tuvo que ocurrir la tragedia de Utopía, para que se
implementaran en Lima las normas sobre seguridad en lugares
públicos (en muchos lugares del Perú siguen
en el papel). Debió producirse el incendio de Mesa
Redonda, para que se cumplieran las prohibiciones que desde
hacía varios años declaraban ilegal la venta
de productos pirotécnicos.
Sin embargo, ante nuestros propios ojos se ha producido un
ejemplo de que no se necesita una desgracia para que el Estado
actúe con eficacia en beneficio de todos. Hace pocos
años hubiera parecido imposible lograr que los taxistas
se inscribieran en la respectiva municipalidad, colocaran
banderitas refractarias y el número de placa en las
puertas y compraran el casquete blanco. Poco a poco, va quedando
en el pasado el servicio informal de taxis, que era fuente
de muchos peligros.
Un corresponsal del Financial Times, que ha sido testigo
de la impunidad con que se produce la discriminación
racial en Lima, sostiene que cuando el Estado se muestra débil,
los demás actores tienden a abusar, para maximizar
sus intereses. La conclusión a que llegaba es que si
el Estado peruano es débil es porque ha elegido serlo.
Todos los días, los ciudadanos pagamos las consecuencias
de esta elección.
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A quienes siguen el tema del racismo, les informo que entre
los principales auspiciadores de Jacinta (RP 34) se encuentran
el grupo Añaños (néctar Pulp y Kola Real),
el restaurante El Mordisco, Fanta y Nestlé (Lentejas
D'Onofrio).
Respecto a las sanciones para responsables de graves violaciones
de derechos humanos (RP 37), esta semana el militar argentino
Adolfo Scilingo fue condenado en España a 640 años
de prisión por las ejecuciones extrajudiciales de decenas
de personas. Acaso para Collins Collantes, Mario Caldas, José
Luis Chávez o Luis Pérez Dócumet su destino
será una cárcel española.
Finalmente, desde la lejana Camboya, Raquel Yrigoyen me recuerda
que no debo dejar de colocar el nombre de la página
web donde aparecen todas las Reflexiones Peruanas: www.cemisa.com.pe/reflexionesperuanas/ |
