Reflexiones Peruanas Nº 39: ¿QUIÉN
PROTEGE A LOS DELINCUENTES EN SAN MARTÍN?
Publicado el 03/05/2005
En el año 2002, la ronda campesina del caserío
de Pueblo Libre, a una hora de Moyobamba, capturó a
una banda de asaltantes y violadores que aterrorizaba la región.
Los condenó a un día de calabozo y realizar
acciones de trabajo comunitario en diversos caseríos
de la provincia, mediante la llamada "cadena ronderil",
una sanción frecuente en las rondas, que permite que
todos los habitantes de una zona conozcan a quienes han cometido
un delito.
En febrero del año pasado, la Sala Penal de Moyobamba
condenó a tres años de prisión efectiva...
a once vecinos de Pueblo Libre, incluyendo dos mujeres, por
el delito de secuestro, disponiendo que además pagaran
1,000 soles de indemnización a cada uno de los violadores.
La sentencia causó indignación en San Martín,
considerando además que por lo menos uno de los ronderos
y las dos señoras ni siquiera habían estado
en el lugar cuando ocurrieron los hechos.
Entrevistados en la cárcel, los campesinos señalaron
que se habían retirado del expediente documentos importantes
y habían sido obligados a firmar documentos que no
se les permitía leer, bajo insultos y amenazas de los
propios magistrados. En cuanto a los violadores, alardeaban
que volverían a Pueblo Libre a agredir a las esposas
de los ronderos presos.
¿Por qué los magistrados de la Sala Penal de
Moyobamba condujeron un proceso tan cuestionable? Al parecer,
buscaban generar un "escarmiento" en las rondas
campesinas de San Martín, porque consideraban que estaban
usurpando la función jurisdiccional. Los magistrados
sentían además mucho desprecio hacia los ronderos,
debido a su menor grado de instrucción y a su origen,
pues la mayoría son migrantes cajamarquinos.
Precisamente, las rondas campesinas surgieron en Cajamarca
hace casi treinta años para enfrentar el abigeato y
otros problemas de delincuencia. Luego, asumieron la función
de administrar justicia, resolviendo muchos conflictos internos.
Las rondas ejercen una justicia inmediata, eficaz y gratuita,
de manera comprensible para las partes y buscando restablecer
la armonía social. Actualmente se han expandido desde
Amazonas hasta Puno, porque la incapacidad del Estado para
proporcionar justicia o seguridad a las zonas rurales.
Las rondas no buscan enfrentarse al Estado como tal y coordinan
de manera permanente con los Jueces de Paz. Cuando se les
solicita, apoyan las intervenciones de las fuerzas policiales.
Los delitos más graves, como homicidio, son puestos
en conocimiento del Ministerio Público.
A pesar de su legitimidad, en Lima muchos líderes
de opinión todavía confunden a las rondas con
los comités de autodefensa (CADs) formados por el Ejército
para apoyar la lucha contra la subversión. Los CADs
se encuentran en su mayor parte desactivados, salvo unos pocos
en algunos distritos de Ayacucho.
Después de cuatro meses en prisión, el 9 de
junio del año pasado, los once campesinos salieron
en libertad, absueltos de todos los cargos por la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema. La sentencia 975-04, interpretando
de manera extensiva el artículo 149º de la Constitución,
precisó que las rondas campesinas están facultadas
para administrar justicia, para detener delincuentes y aplicar
sanciones, siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales.
Sin embargo, lamentablemente, desde la elección del
nuevo Presidente de la Corte Superior, Víctor Roca
Vargas, se ha reanudado el enfrentamiento entre las rondas
y el Poder Judicial. Roca ha desconocido públicamente
la sentencia 975-04 y ha reiterado que sólo el Poder
Judicial puede administrar justicia en San Martín.
Los intentos de mediación de la Defensoría del
Pueblo y otras entidades han sido infructuosos. Es más,
el 31 de marzo Roca emitió una resolución donde,
de la manera más irresponsable vincula a las rondas
con el MRTA y hace un llamado a las Fuerzas Policiales para
intervenir en contra de éstas. Acaso por desconocimiento
de la legislación actual, extiende su llamamiento a
las Fuerzas Armadas.
Por su parte, una delegación de ronderos llegó
a Lima la semana pasada para denunciar a Roca ante la Oficina
de Control Interno de la Magistratura, nada menos que por
el delito de drogar y violar a varias adolescentes. Todo San
Martín espera actualmente el resultado de la investigación
de la OCMA sobre esta grave acusación. No olvidemos
que Max Ramírez, el polémico Presidente Regional
de San Martín, fue destituido hace apenas unas semanas.
Sin embargo, el problema de fondo es que si, como pretende
Roca, las rondas de San Martín quedan desactivadas,
la población estaría inerme frente a la delincuencia.
Para él y otros magistrados de San Martín, parece
imposible percibir a los ronderos como posibles aliados debido
al menosprecio que sienten hacia ellos. Lamentablemente, mientras
sigan más empeñados en enfrentar a los ronderos
que a la delincuencia común, la legitimidad del Poder
Judicial continuará disminuyendo en la región.
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Los antecedentes sobre el caso de los ronderos de Pueblo
Libre aparecen en Idéele Mail 351, Justicia Mail 106
y 142 y también en la revista Idéele 164.
En RP 38 mencioné el paro en La Oroya en favor de
Doe Run, que ocasionó la muerte de los ancianos Alberto
Arbi y Susana Pánez. Debí añadir el nombre
del alcalde de La Oroya, Clemente Quincho, promotor de la
medida de fuerza. Actualmente, Quincho estaría bloqueando
los esfuerzos del arzobispado de Huancayo por proporcionar
atención integral a los niños víctimas
de la contaminación generada por la empresa.
Todas las RP pueden encontrarse en www.cemisa.com.pe/reflexionesperuanas/ |
