Reflexiones Peruanas Nº 42: MUERTES
EN LAS CARRETERAS. OLVIDO E IMPUNIDAD
Wilfredo Ardito Vega
Responsable del Area de Derechos Sociales, Económicos
y Culturales de Aprodeh
Corongo, 7 de mayo: 40 muertos. Pomabamba, 19 de abril:
23 muertos. Huarmey, 18 de abril: 15 muertos. Tayacaja, 9
de marzo: 19 muertos. Casma, 9 de febrero: 15 muertos. Moyobamba,
2 de febrero: 11 muertos.
Lo que usted acaba de leer constituye el saldo de apenas algunos
de los accidentes de carreteras que se han producido en los
primeros meses de este año. En otro país, esta
oleada de tragedias, la exigencia de sanción para los
responsables y las medidas para impedir que hechos similares
se repitan, serían temas de interés nacional.
En el Perú, lamentablemente, otras parecen ser las
prioridades para los medios de comunicación, los políticos
y aún para sectores que se consideran progresistas.
Una primera explicación es la tradicional indiferencia
de los peruanos más afortunados hacia lo que ocurre
en el llamado “el interior del país”. Así
ocurrió hace unas décadas, mientras la violencia
política se concentraba en los departamentos pobres
y también ocurre ahora ante las muertes de niños
por el frío en Puno... quince en lo que va del año.
Es frecuente atribuir la desgracia a las propias víctimas,
mediante los clásicos estereotipos racistas: los campesinos
son primitivos y negligentes, a quienes da lo mismo viajar
en un vehículo inseguro o inclusive sobre la tolva
de un camión. En realidad, para muchas personas en
el interior del país no hay otra alternativa para viajar.
En el caso de la tragedia más grave, la ocurrida en
Corongo, Expreso Andia era la única empresa de omnibuses
que prestaba el servicio en la ruta.
El mecanismo de defensa más generalizado frente a los
accidentes es percibirlos como tragedias individuales y aisladas,
sin mayor conexión, fruto del azar o la mala suerte.
En realidad, se trata de un grave problema social, que debería
ser prioridad para el Estado y la sociedad, tanto por el elevado
número de víctimas, como por las causas reiteradas
que los originan.
En el Perú llamamos “accidente” a lo que
en realidad es el resultado de una confluencia de factores
en los que existe responsabilidad humana: brevetes expedidos
a cambio de dinero; vías sin señalización
ni mantenimiento; vehículos deteriorados, que no pasan
por revisiones técnicas (como van las cosas, sólo
los peruanos de tercera edad van a saber en qué consistían
éstas); choferes obligados a trabajar hasta el agotamiento.
Cuando todos estos factores coinciden, sólo sorprende
que no haya más “accidentes”.
En las zonas rurales, esta acumulación de factores
de riesgo no es exclusiva de las empresas de transporte. También
los vehículos de instituciones públicas, empresas
privadas y respetables ONGs incurren en exceso de velocidad,
llevan pasajeros en la tolva o pretenden adelantar en una
curva pronunciada.
Para enfrentar este problema, lo primero que debemos hacer
es asumir que se trata de una situación evitable. Por
ejemplo, hasta hace poco La Libertad era uno de los departamentos
que lideraba las estadísticas fatales, pero gracias
al asfaltado de la carretera a Otuzco y las obras que continúan
en la ruta a Huamachuco, se ha logrado disminuir muchísimo
los accidentes.
Una carretera en buenas condiciones soluciona uno de los factores
para evitar accidentes, pero subsisten todos los demás.
En muchos países han sido clave las campañas
de concientización por las autoridades. La desidia
de éstas debería ser más que suficiente
para que también la sociedad civil aceptara que ésta
también es su responsabilidad. Carece de sentido pretender
promover el desarrollo, el respeto por los derechos humanos
o luchar contra la pobreza, ignorando la causa que puede generar
la muerte abrupta de muchas personas a las que se pretende
ayudar.
Antes que las personas interioricen una norma, es fundamental
el temor a la sanción y éste es muy endeble
en las carreteras peruanas. “A nosotros no nos hacen
nada”, se jacta un chofer de la ruta Casma-Chimbote,
que viaja sin cinturón de seguridad, protegido de los
controles policiales gracias al aporte periódico que
paga su comité. Los colectivos de la ruta Huancayo-La
Oroya, en cambio, pagan a cada retén de la Policía
de Carreteras de manera individual.
Muchos policías de carreteras parecen creer que su
actividad consiste en dormitar en sus vehículos, hasta
que aparece un conductor particular con aire ingenuo o solvente,
a quien amenazan con retener el brevete por una infracción
real o inventada, salvo que se comporte generosamente. Pasamayo,
al norte de Lima y Virú, al sur de Trujillo, son asignaciones
especialmente codiciadas. Entretanto, pasan impunemente los
camiones cargados de pasajeros, los colectivos sin frenos
los ómnibus sobrecargados, como el de Expreso Andia,
donde doce personas viajaban de pie.
Los frecuentes accidentes mortales demuestran que en el
transporte interprovincial se puede violar cualquier norma
(hasta las de sentido común) sin ser sancionado. Mientras
sigamos atribuyendo estos sucesos a la fatalidad, las trágicas
cifras continuarán incrementándose.
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El caso de Graciela Neyra (RP 41), la adolescente prácticamente
secuestrada durante cuatro meses en un departamento de San
Isidro ha causado conmoción en muchos lectores. Al
respecto, una buena noticia es que la semana pasada tres empleadores
han aceptado suscribir los contratos de trabajo doméstico
elaborados en La Casa de Panchita, donde se aprecian derechos
como vacaciones, descanso de 24 horas y gratificación.
Aún está pendiente saber cuál será
la primera municipalidad que cumpla con el Código del
Niño y el Adolescente y regule la situación
de las empleadas domésticas adolescentes en su jurisdicción.
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