REFLEXIONES PERUANAS Nº 43

CRIMEN EN EL ALTO CENEPA: TOTAL DESPROTECCIÓN PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

Wilfredo Ardito Vega
Responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Dos policías en motocicleta interrumpen el tráfico, en tres o cuatro enormes vehículos avanza una docena de guardaespaldas... Cualquiera que viera el resguardo que se despliega entorno a algunos funcionarios públicos, pensaría que estamos en los peores tiempos de la violencia terrorista. Sin embargo, la absurda muerte del obstetra Juan Carlos Espinar, el enfermero Marcelo Huamán, el médico Manuel Lagos y la enfermera Gladys Salazar, en el Alto Cenepa, demuestra la inequidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios estatales.

Mientras ministros, congresistas o presidentes de organismos públicos descentralizados emplean el erario público para llegar escoltados aparatosamente al restaurante de moda, las llamadas brigadas de élite del Ministerio de Salud son enviadas a las zonas rurales sin requisitos mínimos de seguridad. Los cuatro brigadistas asesinados habían penetrado en un territorio donde no había ni policías, ni radio, ni teléfono, ni tenían cobertura los celulares. El crimen recién pudo ser confirmado diez días después de producido. En el mismo aislamiento se habrían encontrado si hubieran sido víctimas de un accidente, por
ejemplo, al volcarse la embarcación en que navegaban.

En una precariedad similar prestan servicio muchos policías, maestros, enfermeras o ingenieros en diversas zonas rurales del Perú. Es muy valioso que el Ministerio de Salud haya dispuesto la creación de estas brigadas que actúan donde son más necesarias... pero, como en muchos otros organismos públicos, los integrantes de estas brigadas no están en una relación laboral, sino bajo un contrato de locación de servicios, que no genera beneficios sociales. Tampoco cuentan con un seguro de vida, a pesar de los riesgos que enfrentan en su labor.

La mayoría de medios de comunicación no se tomó la molestia en analizar las condiciones en que trabajaban las víctimas, centrándose en reproducir (o exacerbar) estereotipos negativos hacia la población aguaruna, mostrada en su conjunto como seres violentos, peligrosos o primitivos.

Cuando suceden estas tragedias, una fácil justificación es que lamentablemente un país pobre no puede gastar en otorgar seguridad a
todos sus trabajadores. La verdad es que los recursos estatales se
distribuyen de manera sumamente desigual y en el Perú se invierte exageradamente en la seguridad de quienes realmente no lo necesitan...
o podrían financiarla con sus abundantes ingresos.

Cualquier empresa privada que siguiera una política laboral semejante a la que mantiene el Estado peruano, sería tildada de injusta y abusiva
por la opinión pública. El ejemplo más visible es el de las
remuneraciones: uno de los principales anuncios del gobierno de Toledo fue garantizar un sueldo digno para maestros, policías y otros
empleados públicos. Tres años después se comprueba que otros puestos
han sido considerados “más dignos” de recibir sueldos elevados. Además de los sueldos del Presidente y los ministros, el régimen incrementó considerablemente las remuneraciones ya bastante elevadas de magistrados y fiscales. Algunos de ellos ganan ahora hasta cuarenta veces más que sus secretarias. Mientras el maestro de una comunidad nativa debe arriesgar su vida durante cuatro días de viaje para poder cobrar su sueldo, un afortunado consultor o un funcionario de confianza puede ganar hasta diez veces más, sin esforzarse demasiado.

La desigualdad se aprecia en el ejercicio mismo del trabajo: en toda diligencia judicial los magistrados cuentan con resguardo policial, pero las brigadas de élite se trasladan por el país sin mayor
protección que la buena suerte. Es especialmente condenable que el
personal que realiza un trabajo tan arriesgado no tenga ni siquiera un seguro de vida. En Colombia, hasta los Jueces de Paz han logrado ser incluidos en este beneficio, aunque desarrollen su labor en los barrios más seguros. En el Perú, las familias de los cuatro brigadistas deben enfrentar la dolorosa experiencia de hacer plantones ante la puerta del Ministerio de Salud para solicitar una indemnización. Los demás brigadistas podrían exigir mejores condiciones de trabajo, pero, dada su situación de contratados, correrían el riesgo de perder su trabajo.

Durante doce años, decenas de ingenieros, profesores y autoridades fueron asesinados por los senderistas. Es lamentable que en la actualidad, el Estado siga descuidando la vida de quienes son sus
verdaderos representantes en los lugares más apartados del Perú. De
poco sirve nombrar “mártires de la salud” a los cuatro brigadistas, si no se dan condiciones de trabajo dignas a las brigadas de élite y los demás trabajadores estatales que prestan servicio en las zonas rurales.

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Lamentablemente, el 21 de mayo murieron 43 personas en accidentes de
carretera en Junín (RP 42). Como ya hemos señalado, este departamento
tiene una de las más elevadas tasas de muerte por accidentes de
carretera en relación al número de habitantes. El tramo La Oroya-
Huancayo es escenario de todo tipo de infracciones y de permanente corrupción policial. Eviten riesgos innecesarios quienes viajan por allá.

Continúan las noticias preocupantes respecto al conflicto entre los
habitantes de San Cirilo y la empresa Yanacocha (RP 11). Esta habría
anunciado que desarrollará sus actividades a pesar de la oposición de los campesinos.