Reflexiones Peruanas Nº 62: LOS DOCE MUERTOS DEL PRESIDENTE TOLEDO

Wilfredo Ardito Vega
Jefe del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En su discurso del 28 de julio, Alejandro Toledo sostuvo que su gobierno no se había manchado las manos con sangre de peruanos. Cuatro días después, fallecía víctima de la represión policial, el campesino Melanio García que había salido de su natal Ayabaca para protestar contra la empresa Majaz. Con García suman doce las muertes ocurridas en tiempos de Toledo, todas por la acción de las fuerzas del orden frente a manifestaciones sociales contra grupos empresariales o determinadas políticas del régimen.

El primer caso se produjo el 19 de febrero del 2002, en San Clemente (Ica), durante una protesta de campesinos algodoneros. La policía arrojaba bombas lacrimógenas desde helicópteros, afectando a personas sin relación con el conflicto, especialmente niños, víctimas de lo que llamarían algunos militares norteamericanos “daño colateral”. El alcalde acudió a la comisaría con varios campesinos para pedir que cesaran los ataques aéreos, pero también fueron agredidos por los policías con bombas lacrimógenas, una de las cuales impactó al anciano Marcelino Sulca en la cabeza, ocasionándole la muerte.

El Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, defendió la actuación policial y advirtió que denunciaría al alcalde y demás autoridades, por respaldar a los campesinos. Señaló que la policía continuaría actuando con energía y lanzando bombas lacrimógenas desde los helicópteros, cuando fuera necesario.

Cuatro meses después, en junio del 2002, ante las protestas en Arequipa contra la privatización de las empresas eléctricas y las agresivas declaraciones de los ministros Olivera y Rospigliosi, el gobierno declaró el Estado de Emergencia y el toque de queda. La policía se comportó como una verdadera fuerza de ocupación y fallecieron, también impactados por bombas lacrimógenas en la cabeza, los estudiantes Edgar Pinto y Fernando Talavera, de quienes sus familiares sostienen que no tenían mayor relación con las protestas.

Al mes siguiente, siendo Ministro del Interior Gino Costa, se produjo en Puerto Maldonado la muerte del agricultor Wilson Santos, en la acción policial contra las turbas que, al mando del futuro Presidente Regional, saqueaban viviendas y locales públicos. Semanas después, la sanción dispuesta por Costa contra los policías que golpearon a unos periodistas ante el Congreso redujo considerablemente los excesos policiales. Durante el resto del periodo de Costa y todo el de Alfredo Zanabria no hubo víctimas fatales.

El 29 de mayo del 2003, en Puno, el General Carlos de la Melena ordenó a los soldados dispersar una manifestación estudiantil contra el Estado de Emergencia declarado a nivel nacional (por una huelga magisterial que ya nadie recuerda). Los militares dispararon al cuerpo a los estudiantes, matando a Edy Quilca y dejando muchos heridos graves, el peor de todos, Elmer Hilaita, con una grave lesión cerebral. El Ministerio de Defensa, a cargo de Aurelio Loret de Mola, destinó centenares de miles de soles al pago de los abogados de los implicados, pretendiendo que fueran juzgados por el fuero militar. No ha planteado ninguna compensación a las víctimas.

Durante los meses que Rospigliosi regresó al cargo de Ministro del Interior, sendas intervenciones policiales produjeron otras tres muertes: el 27 de noviembre del 2003 Efraín Arzapalo, presidente de la comunidad campesina de Matacancha fue asesinado de varios disparos en el pecho, mientras protestaba contra la contaminación del lago Junín por relaves mineros. Enrique Mega, agricultor de Pucalá (Lambayeque) falleció el 2 de febrero del 2004 y Reemberto Herrera murió el 24 de abril, durante la primera movilización campesina contra Majaz.

El 19 de octubre de ese año, siendo Ministro del Interior Javier Reátegui, la policía disparó por la espalda a un grupo de campesinos cocaleros en San Gabán (Puno), falleciendo Nicolás Gonzales, Florencio Quispe y Mauro Surco. La versión del Ministro fue que campesinos “narcoterroristas” ebrios estaban atacando la central hidroeléctrica, pero ésta se encontraba a 34 kilómetros del lugar de los hechos.

Aunque en algunas de las circunstancias mencionadas pudieron haber ocurrido actos de violencia, nada justifica prácticas letales, como arrojar bombas lacrimógenas desde helicópteros o disparar al cuerpo de las personas. Como muestra el caso de Marcelino Sulca, la decisión al respecto no estaba en manos de los policías, sino de sus superiores. Cuando éstos además emplean expresiones como “actuaremos sin contemplaciones” y convierten a campesinos o estudiantes en “delincuentes” o “terroristas”, existen más posibilidades de que se produzcan excesos.

Además, salvo en la muerte de Wilson Santos, se respaldó sin ambages a los policías o militares involucrados, anunciándose al mismo tiempo que dirigentes, alcaldes, fiscales y otras autoridades serían denunciados por diversos delitos. De hecho, los procesos judiciales por estos crímenes se encuentran estancados porque los testigos temen que ellos mismos sean procesados.

¿Será curioso que ni siquiera los líderes de la oposición reclaman por estas muertes? No tanto. Después de todo, las víctimas vivían fuera de Lima y eran casi todos pobres. Doce muertes más en una misma historia que, una y otra vez, se repite.

El gerente de la cadena de farmacias BTL ha señalado que no volverán a solicitar que las candidatas a vendedoras cumplan requisitos como excelente presencia y fotografía de cuerpo entero (véase RP 59) Efectivamente, el nuevo aviso omite estos requisitos.

A pesar de la multa en su contra, los propietarios de la discoteca racista Aura pretenden abrir un nuevo local en Larcomar, esta vez dedicado a la música criolla. Al parecer, se avecinan más conflictos “interétnicos” en ese centro comercial.

Hacemos llegar nuestra solidaridad a todas las víctimas del terremoto que causó serios daños en San Martín, la sierra de La Libertad y otros lugares