Reflexiones Peruanas Nº 65: EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

Wilfredo Ardito Vega
Jefe del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Hace un mes, una parienta mía tropezó en un restaurante del Ovalo Gutiérrez con una grada mal señalizada.   Como es de suponer por sus 78 años, la caída le ocasionó varias fracturas, pero la cuenta de las operaciones y el tratamiento fue asumida íntegramente por la compañía de seguros a la que estaba afiliado el restaurante, incluyendo las enfermeras que acudían a su casa para su rehabilitación. 

En un caso similar, alrededor de millón y medio de peruanos habría acudido a una clínica, la tercera parte ellos cargando los gastos a su EPS (Empresa Prestadora de Servicios de Salud).  Mientras unos siete millones de asegurados o familiares tendrían la posibilidad de acudir a un hospital de Essalud, alrededor de diez millones se habrían dirigido a un hospital o una posta del Ministerio de Salud.  Y para alrededor de cinco millones de peruanos, un accidente similar (o una apendicitis) sería simplemente fatal, porque se encuentran excluidos de la atención médica.

En Alemania o Canadá, los pacientes y sus familiares muchas veces no tienen idea del costo de los remedios o el tratamiento médico: es obligación del Estado proporcionarlos gratuitamente.  A todos les parece muy lógico, porque para ello pagan impuestos.  En el Perú, la misma persona que paga impuestos debe también pagar seguros, comprar medicinas, financiar tratamientos. Para los más pobres, muchas veces se trata de gastos imposibles de enfrentar. 

“Llevamos a mi prima al Hospital Goyeneche”, me cuenta un amigo arequipeño, “y sólo atendían a los que pagaban ocho soles por el primer ticket.  Después, venían todos los demás cobros”.  “No había nada”, me decía un obrero que trataba de salvar a su hijo recién nacido en el Hospital Las Mercedes en Chiclayo.  Aunque su esposa estaba asegurada, él a cada momento debía salir a las farmacias vecinas a buscar remedios.   Sin embargo, el aporte de su esposa y de los demás asegurados permite que el Presidente de EsSalud, gane casi 17,000 soles al mes. 

Los recursos estatales se manejan con criterios bastante ajenos a las necesidades de la población: el porcentaje de gasto en salud es el más pequeño de la región, lo cual genera los peores indicadores en la materia, con excepción de Bolivia.  Entre tanto, a las autoridades parece prioritario organizar sucesivos campeonatos mundiales de fútbol,  adquirir vehículos de lujo para generales y comandantes o disponer sueldos millonarios para funcionarios públicos.   El sueldo de varios de ellos bastaría para prolongar la vida de miles de pacientes con leucemia... o pagar el ticket de atención de unas 2,000 o 3,000 personas, según el cargo que ocupa el privilegiado.  

No sólo la pobreza de los pacientes genera la exclusión de la atención, sino que la cobertura geográfica es claramente discriminatoria hacia los departamentos más pobres: en todo Ayacucho no hay un tomógrafo y en Huancavelica existe la tercera parte de médicos que en Tacna, que tiene mucha menos población.  Es verdad que en los últimos años, el Seguro Integral de Salud brinda atención especial a millones de niños y madres gestantes, pero la abrumadora mayoría de adultos pobres se encuentra en el desamparo.

En este contexto, la decisión del Estado de reducir, aún más, el presupuesto del sector salud, debería generar indignación general.  Sin embargo, los peruanos reaccionamos con pasividad, probablemente porque creemos que los problemas de salud son situaciones individuales que afectan a los desafortunados y cada uno debe resolver como pueda. No es así: la salud es un problema público, responsabilidad del Estado, que debería darle atención prioritaria.   Normalmente, el dolor de perder a un familiar es tan fuerte, que no se logra pensar que los verdaderos responsables de muchas muertes son quienes distribuyen los fondos estatales colocando a la vida humana en segundo plano.  

Otra instancia estatal con serias responsabilidades en la salud de los peruanos es el Ministerio de Energía y Minas, que admite concentraciones de arsénico o plomo en el aire, prohibidas en muchos países.  Lo paradójico es que en esos lugares, el Estado corre con la salud de las personas.  En el Perú, miles de personas padecen por actividades contaminantes, pero legales, y deberán afrontar ellos mismos, si pueden, los gastos de su tratamiento. 

No es sorprendente, entonces, que un gobierno que reduce el presupuesto en salud y permite la contaminación de plomo, pretenda firmar un Tratado de Libre Comercio que podría elevar los costos de remedios, estableciendo más dificultades para la elaboración de medicamentos genéricos.   Sin embargo, aunque el TLC no llegara a firmarse, es urgente que el acceso de la población a la salud sea una prioridad.  ¿Lo será para el próximo gobierno?

Por una involuntaria omisión, en la RP 64 Lissette Grández no aparece entre los autores del Manual contra el Racismo.

A todas las personas que pagan el seguro de sus trabajadoras del hogar, se les informa que desde el 10 de octubre deben inscribirse en el Registro de Empleadores que ha abierto la SUNAT (R.S. 191-2005)

Comentando Depresión a la Peruana (RP 63), señala desde Ayacucho Juan Galván:”A fines de los 90 aparecían muchas noticias “pantallas” en los medios, creadas desde el gobierno, para que la gente no viera lo que pasaba a su alrededor.  Ahora parece que fuera el mismo productor de Fujimori, el que diseña los noticieros de televisión.  Es una manera de disfrazar lo que pasa en nuestra sociedad”.