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José María Amarilla (Reuters)
Dos décadas después de ser engendrado, el "Operativo Cóndor" de
represión en Sudamérica se volvió en 1998 contra el ex dictador chileno Augusto
Pinochet y se convirtió en una suerte de bomba de tiempo para otros militares
de la región.
El hallazgo en 1992 en Asunción del "Archivo del Terror"
resucitó fantasmas que dormían en depósitos secretos de la policía política de otro mentor del
Cóndor, el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Stroessner fue derrocado
en 1989 y se exilió en Brasil, pero las 700.000 hojas que dejó sobre el
"Cóndor" probaron lo que muchos sospechaban: que los regímenes dictatoriales que imperaron en Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay y Brasil tenían un sistema ilegal de intercambio de víctimas.
El archivo del terror es y va a seguir siendo una sombra
indeseable para los dictadores de América Latina", dijo a Reuters el abogado Martín Almada,
delegado de la Asociación Americana de Juristas en Paraguay. "Y gracias al
archivo, al menos algunos de ellos no van a tener franquicia diplomática".
Almada testificó contra Pinochet ante el juez español Baltasar
Garzón, quien pidió a Londres la extradición del general y ahora senador vitalicio chileno para
juzgarlo por genocidio y torturas. "Esos documentos son oficiales y tienen
plena validez", dijo por su parte el senador Francisco De Vargas, titular de la
Comisión de Derechos Humanos del congreso paraguayo.
"En el caso de los ex dictadores chilenos, argentinos y
uruguayos hay suficiente documentación que prueba que ciudadanos de esos países fueron
capturados en Paraguay, entregados a las fuerzas de la dictadura y nunca
aparecieron con vida", añadió.
Pinochet gobernó Chile entre 1973 y 1990 y grupos de derechos
humanos le atribuyen al menos 3.000 asesinatos, en tanto que el archivo lo muestra como
uno de los gestores del "Cóndor", que habría surgido hacia fines de 1975.
"OPERACIÓN CÓNDOR"
El "Cóndor" fue un subproducto de la Doctrina de Seguridad
Nacional, que buscaba frenar el avance de una "subversión comunista" temida tanto por los
militares latinoamericanos como por Estados Unidos, padrino político de la
región. Bajo esa doctrina, todo grupo de izquierda se convertía en un enemigo
acérrimo, llegando a incluir entre ellos a militantes sociales, políticos liberales,
religiosos, preguntones, parientes, amigos o vecinos de presuntos "zurdos".
La tarea de captura y secuestro, primer paso para la tortura y
la desaparición, estaba a cargo de policías y militares de civil que deambulaban en vehículos
sin identificación rastreando las ciudades en busca de guerrilleros de izquierda
y sus simpatizantes.
La tortura y el mantenimiento de prisiones clandestinas eran
parte de sus tareas. Y nada quedaba oficialmente registrado, salvo "errores" como el
"Archivo del terror". Los detenidos ilegalmente se convertían en "desaparecidos" y mucho, la
mayoría, siguen en esa "categoría" desde los años 70, sin que se sepa qué les sucedió o dónde están sus restos.
"El concepto general del accionar... era occidental, humanista,
cristiano", según el ex almirante Emilio Massera, uno de los jefes de la primera junta
militar que tomó el poder en Argentina en 1976 acusado de todo tipo de crímenes. Al ex dictador chileno
y Massera se deben sumar otros cinco jefes militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983, Stroessner, que gobernó
Paraguay desde 1954, Hugo Banzer, actual presidente de Bolivia electo democráticamente tras haber sido un dictador entre 1971 y
1978, y las juntas militares uruguayas de 1973 a 1984.
A diferencia de sus vecinos, los militares argentinos pueden
respirar un poco más tranquilos, ya que fueron juzgados por sus abusos tras el retorno a la
democracia y luego indultados. Aún así, algunos de ellos han vuelto a la cárcel
recientemente por el robo de bebés, un delito no cubierto por el perdón
presidencial, y ninguno puede salir de Argentina ya que tienen órdenes de
captura internacional a pedido de jueces de diferentes países.
En Argentina, el principal foco de la represión en Sudamérica,
organizaciones de derechos humanos sostienen que 30.000 vidas fueron segadas por la
dictadura.
Adolfo Scilingo, un ex capitán de marina argentino, detalló uno
de los métodos empleados para la desaparición masiva: lanzar "subversivos" atontados con
sedantes a las aguas del mar o del Río de la Plata en los llamados "vuelos de
la muerte".
Bajo la acción del Cóndor, los prisioneros eran trasladados
subrepticiamente del país donde habían sido capturados al país que los requería. Incluso se
llegaron a hacer ejecuciones a pedido, según revelaron los archivos. Al menos
66 paraguayos están "desaparecidos" en Argentina, según Gladys Meilinger,
una sobreviviente. En Paraguay, a su vez, fueron detenidos uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos y bolivianos que
nunca serían hallados con vida.
El caso mejor documentado en el archivo es el de tres argentinos
y dos uruguayos detenidos en abril de 1977 en Paraguay.
El registro muestra que en ese mes fueron capturados los
argentinos Dora Landi, su compañero Alejandro Logoluso y José Nell y los uruguayos Gustavo
Insaurralde y José Santana, bajo cargos de "confección, venta y uso de
documentos apócrifos".
Los cinco fueron entregados a militares argentinos bajo el
eufemismo de "expulsados del país" y se hizo constar que fueron trasladados "en un avión
bireactor de la Armada Argentina". Según el documento, la entrega fue "en
presencia del coronel Benito Guanes (jefe de la inteligencia militar paraguaya)
al teniente primero José Montenegro y Juan Manuel Berret, ambos del Side", el
Servicio de Inteligencia del Ejército argentino.
Landi y Logoluso habrían desaparecido simplemente para no dejar
huellas del "operativo" en el que cayeron por azar. Los propios investigadores habían
concluido en reportes a sus superiores que no tenían relación con el caso.
El archivo muestra también redes más allá del Cono Sur, tendidas
por medio de grupos anticomunistas, que daban apoyo civil a los regímenes militares, de
las que participaban delegaciones de México y Centroamérica.
Unas 10.000 fotos de perseguidos políticos y desaparecidos de
los diversos países complementan la colección de escritos relacionados con actividades del
"comunismo internacional".
Los documentos, no obstante, no guardan datos sobre dos de los
casos más conocidos: el asesinato del ex comandante del ejército chileno Carlos Praats y
del ex canciller socialista Orlando Letelier. Praats murió en Buenos Aires en
1974 y Letelier en pleno corazón de Washington dos años más tarde. Otra
víctima célebre del Cóndor fue el ex presidente boliviano Juan José Torres,
derrocado por Banzer y asesinado en Buenos Aires por militares bolivianos y
argentinos.
La operación fue dirigida por un agregado militar boliviano en
Argentina, según el periodista Martín Sivak, quien investigó el caso y escribió el libro "Banzer y
el Mercosur de la Muerte". El periodista uruguayo Samuel Blixen, quien hurgó
en los archivos para su libro "El vientre del Cóndor", concluyó que "el Archivo
del Terror empolló un huevo del Cóndor; ahí están las pistas de los múltiples
nidos diseminados por el continente".
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