| El
9 de agosto de 1985, efectivos del ejército llegaron
a San Sebastián de Huamanmarca, distrito de Huambalpa,
donde saquearon y quemaron viviendas, además de matar
a ocho personas. En Lloclla y Huancayoc continuaron
con los desmanes. A la mañana siguiente, Pitecc y a
Ahuaccpampa también sufrieron los maltratos de los militares.
Antes de retirarse a Vilcashuamán, habrían asesinado
a Seferino Baldeón Palacios, Pelayo Quispe Palacios
y Cornelio Quispe Baldeón.
El 13 de agosto, las patrullas del Ejército continuaron
ocasionando desmanes en Quinuas, Runcua y Pitecc, donde
se encontraron con otras patrullas que llegaron de Vilcashuamán
y Huambalpa. Entonces enrumbaron hacia Accomarca, adonde
llegaron a las cinco y treinta de la tarde.
El 14 de agosto de 1985, a las siete de la mañana, las
patrullas del subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado y
la del teniente EP Juan Rivera Rondón -aproximadamente
24 efectivos- bajaron a Llocllapampa, ubicado a tres
kilómetros de Accomarca.
A las ocho y media de la mañana, los militares reunieron
a los 69 comuneros en la plaza de Llocllapampa, bajo
el pretexto de una asamblea. Algunos comuneros sospecharon
que los iban a detener por lo que huyeron.
A los pobladores los agruparon en tres viviendas, previa
separación de hombres, mujeres y niños. A ellas las
llevaron a una acequia donde al parecer las violaron,
lo que se deduce de los gritos que escucharon los comuneros
que se encontraban escondidos en los montes.
Los militares acusaron a los pobladores de terroristas,
ya que tenían referencias de que en Llocllapampa funcionaban
dos escuelas populares y había un centro de abastecimiento
senderista, con municiones, alimentos y frazadas. Al
medio día, comenzaron a disparar sin compasión a las
personas que estaban en las casas. Luego, incendiaron
las casas, para finalmente lanzar granadas. A las cuatro
de la tarde, los efectivos se retiraron. Según los testigos,
fueron ejecutados 39 adultos y 23 niños.
Pero la masacre aún no había terminado. En las semanas
siguientes fueron asesinados varios testigos del múltiple
crimen, con el evidente propósito de ocultarlo y sustraer
a los responsables de la acción de la justicia.
El 8 de setiembre de 1985, efectivos militares mataron
a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón,
testigos de la matanza de Accomarca.
Al día siguiente, efectivos el ejército del cuartel
de Vilcashuamán detuvieron en Accomarca a Martín Baldeón
Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de
Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido
Palacios acudía al cuartel para entregarle alimentos.
Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo
del paradero de los esposos Baldeón Pulido.
Con el propósito de investigar las matanzas de Pucayacu
y Accomarca, el 11 de setiembre de ese año, el Senado
nombró una comisión investigadora presidida por Javier
Valle Riestra.
El 13 de setiembre de 1985, a las tres de la tarde,
en nichos de del cementerio de Accomarca, el entonces
diputado Fernando Olivera encontró ocultos los cuerpos
de cinco personas sin rigor mortis y sangrantes, asesinadas
a balazos. Según el testimonio de Viviana Baldeón Pulido,
unas horas antes del arribo de la comisión investigadora
llegaron unos militares quienes habrían eliminado a
los testigos.
Como parte de sus indagaciones la comisión senatorial
entrevistó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel
"Los Cabitos" (Ayacucho), quien no mostró ningún arrepentimiento
por lo ocurrido e incluso llegó a justificar el asesinato
de niños aduciendo que los comunistas iniciaban el adoctrinamiento
de sus seguidores desde que estos tenían muy temprana
edad.
El 17 de setiembre de 1985, el fuero militar abrió instrucción
contra este oficial y otros militares, por abuso de
autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles fallecidos
en Accomarca. Simultáneamente, el juez instructor ad
hoc les abrió instrucción por homicidio calificado.
El 12 de octubre de 1985, la comisión investigadora
emitió su informe final. Concluyó que se perpetró un
delito común y no castrense. La cifra de víctimas fue
aproximadamente 69. Señaló que no se demostró que hubo
violación sexual. Asimismo, indicó que era necesario
estudiar si los autores materiales actuaron en virtud
de órdenes verbales o si sus acciones respondieron a
su formación.
En marzo de 1986, la Primera Sala Penal de la Corte
Suprema entregó la competencia a la justicia militar.
En ese fuero Hurtado fue absuelto de los delitos de
homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado
-por abuso de autoridad- a seis años de prisión y al
pago de 500 soles por concepto de reparación civil a
los deudos de las víctimas. El resto de efectivos militares
fue absuelto. Siete años más tarde, el Consejo Supremo
de Justicia Militar confirmó la condena impuesta y la
reparación otorgada.
En mayo de 1999, la prensa informó que Telmo Hurtado
Hurtado laboraba normalmente en la Sexta Región Militar
del Ejército y que incluso ya había ascendido a mayor.
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