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El 28 de junio de 1992, día en que
debía juramentar el nuevo presidente del Comité de Defensa
de los Bosques de San Ignacio, la empresa maderera INCAFOR
S.A. sufrió un atentado. Inmediatamente, la Policía
Nacional detuvo a los dirigentes de dicho comité y posteriormente
a otros dirigentes populares que se oponían a la tala
de sus bosques. Ellos fueron torturados y acusados de
terrorismo. Pese a no encontrar en ellos responsabilidad
por delito de terrorismo, se solicitó la pena de 30
años de prisión para los detenidos y los "no habidos",
por presiones de la empresa INCAFOR S.A. Posteriormente,
el Tribunal Superior dispuso la libertad y absolución
de los dirigentes del Comité de Defensa. Sin embargo,
los campesinos de San Ignacio han seguido sufriendo
acosos y algunos han sufrido nuevas detenciones. |
| En
la provincia de San Ignacio, Cajamarca se encuentran
ubicados los Bosques del Chaupe-Chinchinquilla-Namballe,
únicos en el mundo por la alta cantidad y diversidad
de recursos genéticos de flora y fauna. Estos bosques
representan una garantía fundamental para el aprovisionamiento
del agua de las poblaciones aledañas.
En julio de 1990, el gobierno dio concesiones madereras
mediante Resolución Ministerial. Al amparo de ésta,
la Dirección Forestal de San Ignacio del Ministerio
de Agricultura celebró contratos de extracción maderera
con personas naturales, quienes estaban obligadas a
extraer madera directa y de manera personal, sin poder
transferir los derechos; sin embargo ésta cedió los
derechos, de manera ilegal, a la empresa maderera INCAFOR
S.A.
La población de San Ignacio, indignada por las constantes
vacilaciones del Ministerio de Agricultura, constituyó
el Comité de Defensa de los Bosques de San Ignacio,
cuyo presidente debía juramentar el 28 de junio de 1992.
Coincidentemente esa madrugada, la empresa maderera
INCAFOR S.A. sufrió un atentado.
A partir del 27 de junio de 1992, 14 personas -12 de
ellos dirigentes populares- fueron injustamente detenidos,
torturados y acusados de terroristas por un grupo de
policías, sin explicación alguna.
Los detenidos formaban parte del Comité de Defensa y
se oponían a la tala de sus bosques ya que éstos protegen
la única cuenca que provee de agua a más de 27 000 pobladores,
además de albergar especies de flora y fauna silvestres
en vía de extinción.
La titular del Octavo Juzgado de Instrucción de Chiclayo
no encontró responsabilidad por delito de terrorismo
en los dirigentes populares de San Ignacio. Sin embargo,
por presiones de la empresa INCAFOR S.A. el fiscal "sin
rostro" solicitó la pena de 30 años de prisión para
los detenidos y los "no habidos", entre ellos el Ing.
Félix Delgado Montenegro, coordinador del Sub Proyecto
Ambiental de Jaén-San Ignacio y jefe del Santuario Nacional
Tabaconas-Namballe y el Dr. Manuel Bure Camacho, ex
presidente del comité de Bosques y autor de las acciones
judiciales contra INCAFOR.
El Tribunal Superior señaló acertadamente la falsedad
de la investigación policial y dispuso la libertad y
absolución de los dirigentes del Comité de Defensa.
El fiscal que emitió la sentencia fue destituido.
A pesar de estos hechos, los campesinos de San Ignacio
han seguido sufriendo acosos. Mediante el radiograma
policial N1022 DPJ se renovaron las órdenes de captura
que anteriormente habían sido anuladas. De esta manera,
fueron detenidos nuevamente algunos dirigentes lo cual
generó sorpresa y malestar en el pueblo de San Ignacio.
Ante ello, la policía se vio forzada a ponerlos en libertad
argumentando que se trataba de un error. |
san_ignacio.pdf