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Por Félix Luna Vargas.-
Hace unos días veía la emisión de un programa de análisis político, y
mientras el comisionado Carlos Tapia, de la Comisión de Verdad y
Reconciliación (CVR), respondía qué significado tenía haber dicho
desde la CVR que Sendero Luminoso es un partido político, constaté que
el resultado de la encuesta al público arrojaba una votación de 58
contra 42 en el sentido de que el trabajo de esta crucial CVR "le hacía
mal al país".
No me causó sorpresa tal resultado, me causó pena. Una de las
afirmaciones del trabajo de la CVR es que la cuota más alta de
detenidos-desaparecidos, torturados, violados, robados y desplazados fue
la de los peruanos del ande y de nuestra amazonía, con porcentajes tan
altos que si los llevábamos a escala de una ciudad como Lima, hubiesen
muerto más de un millón de peruanos. Aquí está la razón fundamental
de la insensibilidad que pesa como un lastre en toda nuestra vida de Nación:
un vergonzoso "menos mal que no fuimos nosotros" del que algunos
se ufanan como exitosa política.
En lo que estamos -y para lo que viene- vale ponerse a pensar y diseñar
el cumplimiento de uno de los más importantes mandatos de la penúltima
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993): que cada país
establezca un plan nacional de Derechos Humanos, no como el compartimiento
estanco que algunas burocracias andinas estérilmente han creado, sino uno
que nos evite los tumbos, con derechos humanos interrelacionados e
inescindibles, marco ético de las políticas públicas y objeto de las
mismas que trasciendan orgánicamente al gobierno.
Y es que tales políticas públicas mientras no sirvan a la vida y nazcan
de decisiones antidemocráticas, no sirven para nada.
A propósito, Roberto Garretón, actual Representante del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y el
Caribe, ha sostenido que: la política sirve para la vida o no sirve para
nada, el crecimiento económico sirve para la vida, o tampoco sirve para
nada, si la democracia no sirve para la vida, es, también, perfectamente
inútil. Y lo mismo puede decirse de las políticas públicas.
Favorezcamos que la democracia se fortalezca al precio de que todos
cambiemos de actitud. Que cada uno asuma lo que le toca hacer. Es suicida
repetir errores siendo tan frescas las recientes lecciones del pasado. No
basta con no robar del erario público, también hay que demostrar que no
se ha puesto a otros en esa tarea o a favorecer groseramente el
desgobierno, la injerencia extranjera y, peor aún, a fomentar la
ignorancia.
Muy caro ha costado, y cuesta al país, la ausencia de auténticas políticas
públicas programáticas, duraderas, permanentes. Los ciudadanos debemos
sentir que nuestros impuestos se usan bien, que las ventajas que gozan los
inversionistas no constituyen abuso y generan bienestar, también es
imprescindible el mutuo respeto, que nos tratemos bien. Que el poder viva
con el contrapoder en equilibrio y viceversa, que el poder no se
transfigure en la práctica ominosa que avasalla y desconoce la consulta,
la participación, que acalla la legítima disidencia. En esto, a unos y a
otros nos interpela la verdad que nos hará libres.
Para terminar, no puedo dejar de comparar el comportamiento de nuestra
ciudadanía (me incluyo), el de nuestras clases políticas y
empresariales, el de nuestros militares, con la de estos mismos sectores
en Chile, donde estos temas alcanzan cotas envidiables de civismo, sí. Lo
pude comprobar al concurrir a un curso organizado por la Comisión Andina
de Juristas y la CEPAL sobre derechos humanos. |
