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Todo el país y cada
ciudadano deben entrar en un proceso de esclarecimiento y reflexión
para sentar las bases de una auténtica reconciliación.
La Comisión de la Verdad
y Reconciliación ha iniciado ya su trabajo público después de un período
previo de organización. El camino más decisivo empieza ahora.
No me
refiero con esto al desempeño de la comisión, por respetable y
eficiente que esta pueda ser, sino a la responsabilidad que tiene todo
el país y cada ciudadano de entrar en un proceso de esclarecimiento y
reflexión y participación personal para lograr que se haga justicia,
se sancione y se repare. Para sentar las bases de una auténtica
reconciliación. Y que de todo ello surja un Perú distinto, mejor, una
sociedad con relaciones humanas más justas, con más paz, con
relaciones sociales menos discriminatorias, un país más tolerante.
La
Comisión de la Verdad debemos ser de alguna manera los 25 millones de
peruanos. Por eso quizá el primer trabajo de los que valoran la
importancia de esta comisión sea convencer al resto de nuestros
conciudadanos de la significación de este proceso.
No
faltan todavía peruanos que piensan que es mejor no remover el pasado,
que lo pasado pasó y que es mejor mirar hacia adelante. Olvidan que sin
aprender de los errores, cualquier paso hacia delante puede estar
encaminado al desastre. Habrá otros que sigan pensando que los excesos
fueron inevitables para enfrentar a un enemigo feroz y peligroso.
Desconocen que el fuego de la violencia no se apaga con más violencia.
Puede haber también quienes presuman que las víctimas lo fueron por
algo, que algo debieron haber hecho. Existen finalmente los que no han
tenido ningún familiar cercano a la violencia y piensen que el asunto
es cosa de otros. Persiste así en varios sectores de la población, por
diferentes razones, una cierta resistencia, o quizá indiferencia,
frente a la necesidad de la verdad.
Los
familiares de las víctimas en su mayoría sienten de otro modo. No
pueden, aunque quisieran, dejar de recordar. Sufren el vacío y el dolor
lacerante del hijo perdido, el padre ajusticiado en la plaza, la hermana
que desapareció. Pensando en ellos, buscar la verdad es una cuestión
de vida o muerte, de solidaridad humana, de conciencia nacional. No podrán
recuperar a sus seres queridos, pero tendrán el consuelo de saber la
verdad y de sentir que el Estado y la sociedad, su patria en definitiva,
son capaces de acoger la hondura de su dolor y hacer justicia.
Esos
años de muerte y sufrimiento, esas decenas de miles de vidas segadas
constituyen el saldo de una deuda, una deuda que el Perú tiene con las
víctimas y sus familiares. A diferencia de lo ocurrido en otros países
del continente, las víctimas de la violencia son en su mayoría
peruanos pobres, gente de origen andino, campesinos, pobladores de las
zonas marginales. Si los que murieron vivieran, estarían ahí, pasando
hambre, buscando empleo, arrancando con demasiado esfuerzo algunos
alimentos de la tierra. Las víctimas de la violencia pertenecen a ese
50% de la población que padece una pobreza secular, que son excluidos
por el sistema económico, que son desconocidos y marginados por el
Estado y la sociedad, que a veces son tratados como extraños en su
propia tierra. Son aquellos a los que a veces tratamos como ciudadanos
de segunda categoría.
El
Perú tiene muchas deudas con estos ciudadanos. Deudas culturales, políticas,
económicas. Defienden nuestras fronteras, nos brindan los frutos de la
tierra, mantienen viva una parte importante de nuestro acervo cultural,
nutren con sus votos a los políticos. Pero el país suele vivir a
espaldas de ellos.
Tenemos
ahora una oportunidad de demostrarles que son ciudadanos como los demás,
que su dolor nos afecta, que el Perú los reconoce como hijos. Que no
cesaremos hasta encontrar la verdad, que se hará justicia y se les dará
la compensación que les corresponde. Porque es su derecho.
¿Saldaremos
al menos esta deuda que tenemos con ellos?
María
Rosa Lorbes, Instituto Bartolomé de las Casas
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