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El país está a la espera del
nombramiento de la Comisión de la Verdad. Su nacimiento, auténtica
demanda nacional para esclarecer los abusos y las graves violaciones de
derechos humanos durante el régimen fujimontesinista, implica un
reconocimiento oficial del Estado acerca de estos acontecimientos, como
lo determinó el Decreto Supremo del gobierno transitorio del Dr. Valentín
Paniagua, publicado el 4 de junio. Y el plazo para definir sus
integrantes está por terminar este 5 de julio. A partir de entonces
tendrá 90 días para organizar su reglamento, su plan de trabajo,
definir su presupuesto y echarse a andar desde octubre próximo. Su
labor deberá culminar a 180 días de la promulgación del DS,
ampliables 5 meses adicionales; es decir, tendrá un máximo de 23 meses
de actividad para investigar y esclarecer hechos ocurridos durante 20 años,
desde 1980 hasta el 2000. Tremendo reto.
La Comisión de la Verdad en el Perú no será una innovación en América
Latina o en el mundo. En realidad seremos el vigesimocuarto país en
constituir una organización de este tipo buscando encarar el drama de
violencia interna que, en el caso peruano, cobró más de 25,000
muertos, más de 5,000 detenidos desaparecidos, miles de lisiados
permanentes, cientos de ejecutados extrajudicialmente, miles de
torturados y de injustamente detenidos. La novedad de la Comisión a
constituirse en los próximos días estará en sus atribuciones y en el
enfoque central de su tarea.
Y es que casi todas las Comisiones de la Verdad se limitaron a echar luz
sobre los hechos investigados, pero no a colaborar expresamente con
someter a los autores intelectuales y materiales a la justicia. Peor aún,
muchas de las referidas comisiones terminaron con las famosas leyes de
amnistía, llamadas de "obediencia debida" en Argentina o de
"punto final" en Chile, que exculparon de toda sanción a los
criminales que operaron desde el aparato del Estado. Algunas de estas
comisiones no tenían siquiera mandato para individualizar a los
responsables de los crímenes: tal el caso de Chile y de Guatemala. Uno
de los casos más escandalosos fue el de Guatemala, con cerca de 200,000
muertos, donde las conclusiones de la Comisión fueron prácticamente
ignoradas y quedaron sin aplicación mientras se asesinó al obispo
Gerardi que impulsó el proceso de Recuperación de la Memoria Histórica
desde la Iglesia Católica. Es decir, las comisiones no terminaron con
la impunidad de los criminales, sino que dieron paso a procesos que, más
bien, la consagraban jurídica, política y moralmente, dejando las
heridas abiertas. Para colmo, responsables de crímenes de lesa
humanidad ócomo Ríos Mont de Guatemala o Pinochet y los criminales en
Chileó asumieron cargos políticos en la Presidencia o en el Congreso.
En el Perú, la Comisión de la Verdad sí tiene la atribución de
esclarecer los hechos, buscar individualizar a los responsables y
contribuir con someterlos a la justicia. Este es un asunto de gran
importancia, porque plantea el tema de Verdad y Justicia. Obviamente,
ello supone que la Comisión contará con acceso a todas las fuentes e
instalaciones que sean necesarias para cumplir su función. Lógicamente,
deberá abrirse un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas y de la
PNP, así como una reorientación de las mismas. Pero la culminación
del proceso implica, a su vez, un Poder Judicial depurado, limpio de los
agentes e infiltrados al servicio de la dictadura y el militarismo. No
olvidemos que actualmente se está "limpiando" o exonerando
indebidamente de cargos a poderosos empresarios vinculados con la
corrupción desde instituciones financieras o medios de comunicación.
Hay que estar alerta y procesar los cambios necesarios para impedir que
esto continúe o se repita en los casos de DDHH que investigará la
Comisión de la Verdad. Supone también que no vendrá una "ley de
punto fijo" o de impunidad luego del proceso investigatorio.
Resulta decisivo que la Comisión esté integrada por hombres y mujeres
firmes, comprometidos solo con la verdad y el afán de abrirle paso en
el campo político, jurisdiccional y moral. Digo expresamente, mujeres,
porque la presencia de éstas dará sensibilidad a las denuncias de
violaciones y abusos cometidos con miles de mujeres en este proceso,
incluyendo el rapto de sus hijos e hijas. Pero la presencia de personas
de diversas especialidades, habilidades y regiones del país resultará
importante para el éxito de su labor.
La Comisión deberá tener algunos integrantes y ciertamente muchos
colaboradores que sean quechuahablantes a efectos de recoger testimonios
veraces y generar confianza con miles de víctimas de nuestras serranías,
donde se cometieron las más brutales atrocidades. Evidentemente, su
trabajo deberá ser descentralizado y podría apoyarse en importante
participación de voluntarios en cada zona. Su instalación óy quizás
su sedeó debiera ser, emblemáticamente, Ayacucho. Pero, a no dudarlo,
deberá contar con el necesario financiamiento para trabajar eficazmente
en tan reducido plazo, lo que exigirá buscar colaboración
internacional para el efecto.
Obviamente, como lo establece el DS que la crea, la Comisión deberá
abrir paso a un proceso de indemnización a las víctimas y sus
familiares, junto a procesos asistenciales y médicos que les faciliten
el proceso de reinsertarse en la sociedad.
Finalmente, si la Comisión de la Verdad del Perú cumple con estas
funciones y presenta las recomendaciones necesarias podremos confiar en
que el país reconocerá las raíces históricas, económico-sociales y
políticas que dieron curso a este doloroso proceso, permitiéndonos
constituir una verdadera democracia, desmilitarizar el país, devolverle
autonomía al Poder Judicial y auténtica libertad a la prensa nacional,
para construir un país con instituciones firmes, democráticas y
confiables para vivir en paz y justicia.
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