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El
Ministerio de Justicia puso en conocimiento de la Fiscalía de la Nación
la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que
se considera inadmisibles las leyes de amnistía 26479 y 26492, por lo
que la denuncia en trámite contra el ex presidente Alberto Fujimori en
los casos de Barrios Altos y La Cantuta ya no podrá quedar en la
impunidad.
Así
lo manifestó el ministro Fernando Olivera Vega, quien calificó esta
resolución, dada el último lunes en San José de Costa Rica, como
"histórica para la causa de la justicia y la defensa de los
derechos humanos en el continente".
Olivera
dijo que a pesar de que la figura de la amnistía es perfectamente
constitucional, la corte ha interpretado que no es admisible el abuso de
ese derecho para convertirla en una forma de consagrar la impunidad.
Añadió
que los gobiernos violadores de los derechos humanos ya no podrán
invocar más este tipo de amnistías para quedar libres de
responsabilidad, tal como ocurrió en el Perú en los casos de los
Barrios Altos y La Cantuta, durante la lucha contra el terrorismo.
Olivera
manifestó que con esta resolución queda abierta la esperanza de
justicia para los afectados en este período y que haya una sanción
ejemplar para todos aquellos que cometieron delitos contra los derechos
humanos.
En
cuanto a la denuncia que presentó hoy la fiscal de la Nación, Nelly
Calderón, contra el ex presidente Alberto Fujimori en la Corte Suprema,
señaló que la resolución de la corte impedirá cualquier resquicio
legal por el cual el ex mandatario intente lograr impunidad.
En
cuanto al pedido del congresista Jorge del Castillo para tener una reunión
con el presidente Alejandro Toledo, a fin de presentarle pruebas de la
participación de Olivera en la denuncia contra Alan García y su relación
con Vladimiro Montesinos, el ministro dijo que no puede contestar a eso
"porque estamos tratando temas muy serios".
Por
su lado, el viceministro de Justicia, Pedro Cateriano Bellido, explicó
que para la corte las mencionadas leyes de amnistía ya no tienen valor
legal en el tiempo, por lo cual una comisión parlamentaria, un juez o
la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación pueden iniciar
investigaciones por violaciones contra los derechos humanos en todos los
casos.
La
sentencia CDH-11.528/077 fue resuelta a partir de una demanda presentada
el 20 de junio de 2001 por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que buscaba una precisión de la corte, que ya había
considerado a las leyes de amnistía en el caso Barrios Altos sin valor
jurídico, para impedir la investigación de denuncias contra militares
y policías implicados.
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