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El Poder Ejecutivo resolvió
ayer, con un mes de retardo, lo que sin duda era una omisión inexcusable:
la situación de la Comisión de la Verdad y la incorporación de los
nuevos miembros que anunció se sumarían a los siete ya nombrados por el
Gobierno Transitorio. Es cierto que un plazo de reflexión para estos
nombramientos parecía indispensable, pero 30 días ha sido demasiado.
Como sea, de acuerdo a un DS aparecido en el diario oficial, en adelante
la denominación de este grupo de trabajo pasará a ser Comisión de la
Verdad y Reconciliación ócon lo cual se acoge una activa campaña
promovida por el padre Hubert Lanssiers, quien sostenía con razón que la
verdad sin reconciliación es una tarea incompletaó y contará con cinco
nuevos miembros, que se agregarán a los siete existentes.
Uno de estos miembros, el obispo Luis Bambarén, presidente de la
Conferencia Episcopal, participará de la Comisión a título de
observador externo, siguiendo en esto una decisión tomada por sus pares.
Ya sea por presiones del sector conservador o por un temor de involucrar a
la Iglesia a parte entera en una tarea que puede tener aspectos polémicos,
este estatuto de observador resulta poco satisfactorio.
En efecto, basta recordar el destacado rol que cumplió el obispo Gerardi
en la Comisión de la Verdad de Guatemala (su participación le costó la
vida) o, para no ir más lejos, recordar que la Comisión de la Verdad de
Uruguay es presidida por el arzobispo de Montevideo, para constatar que la
Iglesia peruana ha actuado con timidez. En fin, con esto no dudamos ni por
un momento de la entrega que prestará a su rol de observador monseñor
Bambarén, como ha ocurrido en todas las tareas a su cargo.
Los otros nuevos miembros son Sofía Macher, cuya valiosa tarea al frente
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es título más que
suficiente; el ex senador Rolando Ames, docente de la PUC y que presidió
la Comisión que investigó y redactó el informe sobre la masacre de los
penales; y el doctor Humberto Lay.
Ha llamado la atención la incorporación a último momento del general
(r) Luis Arias Graziani, asesor presidencial para temas castrenses. Su
presencia se explica por la ausencia del sociólogo Rodrigo Montoya ócuya
participación se había inicialmente anunciadoó y de quien se esperaba
mucho, dada su valiosa producción y su condición de quechuahablante.
Acaso el propio Montoya, colaborador de La República de vieja
data, se anime a explicar en un texto próximo esta ausencia.
Con buen criterio, el DS considera el par de meses transcurrido desde la
instalación de la Comisión como parte de su período de organización y
aclara que no serán tomados en cuenta para el plazo legal de 18 meses
(prorrogables a 23) que se le ha otorgado para el cumplimiento de su
abrumadora labor.
Esto parece lógico, puesto que los miembros de la Comisión requerirán
de un plazo mínimo para repartir tareas a su interior y compartir lo
avanzado con los nuevos comisionados. Esto no parece ser muy complicado,
ya que la incógnita de la incorporación de nuevos miembros ha sido una
de las que ha venido frenando el trabajo a plena velocidad del grupo de
trabajo.
El segundo es el tema del presupuesto, sobre el que se sigue manteniendo
únicamente la partida de un millón de soles destinada por el Gobierno
Transitorio, suma que ya hemos calificado de ridícula para la magnitud de
la tarea que la Comisión deberá afrontar, tal como queda en evidencia de
las numerosas denuncias sobre fosas clandestinas hechas recientemente.
Cada una de estas denuncias deberá ser comprobada e investigada por la
Comisión de la Verdad, la cual deberá subdividirse y contratar varios
equipos de antropólogos forenses, que serán los que procedan a la
apertura de las fosas, recolección de los restos y estudios de
laboratorio de los mismos para establecer su antigüedad, características
y causas de las muertes.
Esta es una labor especializada sin la cual la Comisión no podrá
pronunciarse. Y para ella se requiere de recursos que no se le pueden
mezquinar, pues el trabajo de establecer la verdad solo se hace una vez y
tiene carácter definitivo.
En fin, es de esperar que se obtengan fondos de organismos humanitarios.
Lo que cuenta es que por fin la Comisión está completa. Con la eficaz guía
de su presidente, el doctor Salomón Lerner Febres óquien ha pedido
licencia como rector de la PUCó hay que otorgarle confianza y dejarla
trabajar.
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